La Unión Europea se encuentra ahora mismo trabajando en una nueva Directiva dedicada al sector de la insolvencia y las reestructuraciones empresariales que se prevé esté lista a finales de este año.
El planteamiento de esta nueva Directiva llega antes de que se haya cumplido la moratoria que se estableció para que los estados miembros traspusiesen la anterior a sus respectivos marcos regulatorios. Una moratoria que tocaría a su fin en junio y para la que en España está tramitándose el Proyecto de Ley Concursal.
La Unión Europea ha sido consciente de la disparidad entre las trasposiciones que están realizándose en los distintos países y ha comenzado a trabajar en esta nueva Directiva que podría ver la luz a finales de año, con el objetivo de armonizar las regulaciones de los estados miembros. Bajo este fin, se ha llamado a consultas a la EIP, la Asociación Europea de Administradores Concursales, que cuenta en su junta directiva con dos representantes españoles que forman parte de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC). El contenido de esta nueva Directiva versaría sobre algunas de las cuestiones controvertidas: el papel de los insolvency practitioners, los procesos para empresas de menor dimensión y la venta de unidades productivas.
El Proyecto de Ley Concursal que se encuentra en tramitación en España ha despertado no pocos comentarios tanto entre los profesionales del sector como entre otros afectados por sus posibles consecuencias. Así, los distintos grupos políticos han presentado en total más de 600 enmiendas, que próximamente podrán conocerse en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Desde la ASPAC ya señalaban desde que comenzó a prepararse el primer texto que podría tener graves implicaciones para el ecosistema empresarial español así como para los propios profesionales de la insolvencia.
Diego Comendador, presidente de ASPAC, señala que “para construir un sistema efectivo, la primera necesidad del legislador español es escuchar a Europa. El Proyecto de Ley Concursal desarrollado en nuestro país es ambiguo y se aleja en gran medida de la Directiva, por lo que no cumple su objetivo”.
“Será necesario un marco distinto para que los profesionales de la insolvencia cuenten con las herramientas adecuadas para contribuir a la recuperación económica ante la crisis que estamos afrontando. Desde ASPAC, ya trabajamos de la mano de EIP para ofrecer nuestra experiencia y conocimiento de la problemática a Europa. Nuestra meta es encontrar, entre todos, una solución que beneficie a todos los países miembros y sea efectiva.”
Las cuatro claves de las más de 600 enmiendas
La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados trabaja ahora mismo en la tramitación de las más de 600 enmiendas que ha recibido de los distintos grupos parlamentarios. ASPAC tuvo la oportunidad de reunirse con los mismos y de presentar sus propuestas en una comparecencia ante dicha comisión. Según señala Unai Olabarrieta, Vicepresidente de ASPAC, “la gran mayoría de los grupos se han mostrado receptivos a las propuestas de los profesionales del sector y sus demandas al legislador tras ese periodo de escucha giran en torno a cuatro ejes principales: la mejora de la exoneración del crédito público, la figura del reestructurador, la no penalización del profesional de la insolvencia y la reducción del ámbito de actuación del procedimiento especial”.
Olabarrieta sentencia: “ante esta coyuntura, esperamos que el Gobierno sepa leer las necesidades de acreedores y deudores, y también de los profesionales del sector. El elevado número de enmiendas debe ser una alerta para entender que hay mucho trabajo por hacer para alcanzar un sistema eficaz y que garantice unas condiciones justas para todos. Por nuestra parte, los administradores concursales trabajaremos con la Unión Europea para una nueva Directiva que represente la realidad y sea acorde con la misma. A su vez, seguiremos de cerca la tramitación del Proyecto y nos pondremos a disposición de las autoridades con el fin de establecer mejoras.”
