Concursos de acreedores

La empresa en concurso de acreedores: papel del registro mercantil

©Colegio Registradores

Actualizado 29 | 10 | 2021 10:11

Concurso acreedores registro mercantil

Juan Enrique Pérez y Martín | Registrador mercantil de Badajoz

Resumir en alrededor de 1.000 palabras el contenido de la Ley Concursal vigente (Real Decreto Legislativo 1/2020 de 5 de mayo) cuya última modificación publicada es de 13 de marzo actual, y que se compone de Exposición de motivos, Artículo único, cuatro disposiciones adicionales, una transitoria única, una derogatoria única, dos finales y nada menos que setecientos cincuenta y dos (752) artículos, contenidos en tres libros, con sus títulos y capítulos correspondientes, implica, a través de una operación matemática sencilla, glosar cada artículo con una sola palabra y la quinta parte de otra (interjección, exclamación).

Por ello, este artículo se limitará a una idea general del instituto en cuestión y a su relación con el Registro Mercantil, que ha demostrado, o para ser más prudente, ha mostrado sus indudables ventajas en dos ámbitos fundamentales:

  • Acreditar a través de sus asientos la diligencia en el cumplimiento de las obligaciones legales de las empresas (sociedades y empresarios inscritos), lo que permite intuir y casi anticipar quién llegará a una situación pre-concursal o concursal, como se dice en “román paladino”, por su mala cabeza (suele fallar pocas veces).
  • Y publicar y poner en conocimiento de terceros el estado del concurso, casi a tiempo real y de modo rápido y económico.

Del conocimiento de ambas realidades, tamizadas ambas por el control de legalidad que ejercen los registradores al calificar (es un registro jurídico y no administrativo o de mera noticia) y bajo la salvaguarda de los tribunales, pueden surgir ideas que lleven a dichos terceros empresarios a intervenir, si no “en”, sí “alrededor” del concurso para hacer viable la sostenibilidad de la empresa concursada y sostener, como dice la exposición de motivos tanto “el tejido empresarial como los puestos de trabajo”.

Un poco de historia…  

Un somero análisis histórico del instituto concursal nos lleva a la antigua Roma con dos leyes capitales al respecto: La “Lex Poetelia” que sustituyó a la vieja prisión por deudas, reemplazándola por la ocupación o captura coercitiva de los bienes del deudor; y la “Lex Anastasiana” cuyo fin era impedir que el enemigo de un deudor adquiriera sus deudas (comprara el crédito) y así convertirse en un nuevo acreedor inmisericorde y cruel respecto a condiciones y plazos. Esta Ley y la anterior persisten en nuestro ordenamiento, la primera con matices y la segunda casi ad litteram en el art. 1.535 del Código Civil (retracto de créditos litigiosos) y en la propia Ley Concursal –artículo 3.2—, que fija la imposibilidad de solicitar la declaración de concurso “al acreedor que dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud hubiera adquirido el crédito por actos inter vivos y a título singular después de su vencimiento.” El bien jurídico a proteger en la antigua legislación eran las garantías del deudor.

Los ordenamientos liberales y decimonónicos herederos del código napoleónico y las codificaciones civiles y mercantiles hablaban de “insolvencia”, “sobreseimiento del pago de las obligaciones corrientes”, “insolvencia punible”, “dolosa”, “suspensión de pagos” y las más dura de todas “quiebra”, y la legislación a pesar de las garantías procesales del deudor miraba sobretodo por el acreedor/es, procurando que al final cobrasen todo y bien, ya sobreviviese o no el quebrado. El bien a proteger era el interés del acreedor.

A finales del siglo XX y lo que va del XXI, el globalismo empresarial, las multinacionales, las sociedades holding, la clonación de los comportamientos humanos (tendencias inducidas), la responsabilidad social de las empresas, etc., hace que las patologías económicas excedan a sus actores (acreedor/es y deudor/es) pues el bien jurídico a proteger es la continuación de la empresa en sí misma y la protección tanto de sus trabajadores como de los consumidores de sus productos; a esa filosofía responde la nueva legislación, más preocupada por la continuidad del concursado que por el cumplimiento íntegro de las obligaciones contraídas.

¿Alcanzará buen puerto la legislación?

Esperamos que no se hagan realidad las palabras de la exposición de motivos del texto consolidado que comienza del modo siguiente: “La historia de la Ley Concursal es la historia de sus reformas. Es difícil encontrar una ley que en tan pocos años haya sufrido tantas y tan profundas modificaciones. Las esperanzas que había suscitado este derecho de nueva planta, con la lógica aspiración a la estabilidad normativa, pronto se desvanecieron: desde la fecha de promulgación de esta ley….”. Lo que sí parece ser una “feliz redacción” y con vocación de permanencia son esas primeras palabras, que pudieran servir para seguir encabezando textos “per saecula saeculorum”.

Se está trabajando en un nuevo texto que aligerará, según dicen, el fuerte carácter formalista y procesal, en sus acepciones más peyorativas, del presente, estableciendo en lugar de la regla “café para todos” la distinción entre pequeñas, medianas y grandes empresas, abreviando el sistema en las primeras y “complicándolo”, aquí en el buen sentido, para las grandes compañías.

Tenemos la certeza de que se tendrá en cuenta a los profesionales que trabajan en esta materia. Los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles trabajamos en materia concursal, aunque a veces se hace necesario recordarlo por desconocido. En las siguientes líneas expondré los principales hitos de esta materia que requieren de la intervención del registrador mercantil, y que son un buen punto de partida para la reforma en ciernes.

La importancia del Registro Mercantil en este tema 

Podemos analizarla, cronológicamente, en los siguientes puntos:

A.- Fase preconcursal (Libro II).

  • El Registro Mercantil proporciona en general información sobre el cumplimiento preciso y exacto de las obligaciones societarias. Deben recordarse en este punto la necesidad de presentación de los actos sujetos a inscripción (arts. 81 y 94 del Reglamento del Registro Mercantil); la conveniencia de elevación a público de los acuerdos que lo precisen en una fecha cercana a su aprobación y la presentación sin demora para su inscripción (un mes desde el otorgamiento con carácter general –art.19.2 Código de Comercio y 83 del Reglamento del Registro Mercantil, y diez días desde su aceptación, en caso de nombramiento de administradores –art. 215.2. Ley de Sociedades de Capital-.
  • Legalización de los libros contables dentro del plazo legal (cuatro meses desde el cierre del ejercicio –art.27 C.Com.), no cuando haya una inspección de Hacienda o nos lo pida ésta práctica frecuentísima-.  Debe resaltarse en este punto que el hecho de que la no legalización no tenga sanción económica, como todo lo anterior, no implica que la obligación desaparezca y precisamente tanto en el concurso-preconcurso como en las acciones de responsabilidad de los administradores y su calificación judicial como culpable (art. 700 L.C.), será tenida en cuenta esta circunstancia.
  • Depósito de cuentas anuales en plazo. Esta obligación es inexcusable, aunque la sociedad esté inactiva.  En todo caso, puede acarrear sanción económica, y desde luego motiva el cierre registral).
  • Acuerdos de refinanciación (art. 597 y ss. L.C.).
  • Nombramiento de persona para emitir el informe sobre el plan de viabilidad (art. 600 L.C.).
  • Nombramiento de mediador preconcursal (art. 635 L.C.).
  • Calificación de quórum de votación en los acuerdos; de incompatibilidad e idoneidad en los nombrados y del cumplimiento de sus obligaciones formales.

B.- Fase concursal

En esta fase, el papel del Registro Mercantil se ciñe a los siguientes puntos, sujetos a la calificación del registrador:

  • Inscripción y publicidad consecuente de las resoluciones judiciales que se dicten.
  • Inscripción de las limitaciones impuestas por el Juez que entiende del concurso tanto de los órganos de administración de los entes inscritos como de los administradores concursales si se estableciesen.
  • La calificación de las ampliaciones de capital dimanantes del pago de deudas con acciones o participaciones, cómputo de mayorías (contra la Ley de Sociedades de Capital o estatutos), calificación de la suspensión del derecho de adquisición preferente en dicha ampliación (art. 700 L.C.).
  • Calificación de la no necesidad de que los créditos  pagados con acciones/participaciones estén vencidos (art. 668 L.C.).
  • Nombramiento y calificación, retribución e idoneidad del mediador concursal (art. 642 L.C.).
  • Calificación en la alteración del posible orden de pago.
  • Mantenimiento de la vigencia y funciones de los órganos sociales, que no decaen ni son afectados por el Concurso (importantísimo).
  • La publicidad de todo ello para conocimiento de terceros.

C.- Al finalizar el procedimiento concursal

La finalización del procedimiento puede llevar consigo, en virtud de las resoluciones judiciales correspondientes, con el consiguiente reflejo en la historia registral de la sociedad:

  • Cancelar los asientos relativos al concurso.
  • Manifestar su cumplimiento.
  • Disolver y liquidar la sociedad si ese fuese su fin, con el cierre de su hoja registral.
  • La publicidad de todo ello frente a terceros.

Me interesa


Cargando noticia...