La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, ha afirmado que su Ministerio estudiará la reforma del despido colectivo por causas empresariales para convertirlo en la última opción y garantizar un «verdadero diálogo» antes de adoptar una medida «drástica» como es el despido. Así, habló de establecer otras medidas que puedan anticipar esta situación o incluso evitarla.
Según Valdeolivas, se van a trabajar en medidas de flexibilidad interna para redefinir las causas, con el objetivo de dar una mayor seguridad jurídica y justificar así «de manera más reforzada» la existencia de una verdadera necesidad empresarial para llevar a cabo un despido.
Concretamente, la secretaria de Estado ha hecho hincapié en que se quiere que la causa del despido sea «más garantista» y que la flexibilidad interna se canalice a través de una interlocución con los agentes sociales y los representantes de los trabajadores.
Así lo ha señalado durante su intervención en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el Senado, donde ha dejado claro que el Gobierno está trabajando para trasladar la recuperación económica al empleo y, sobre todo, al empleo de calidad, porque «todavía no se ha revertido la fuerte precarización laboral».
Aunque ha señalado que los esfuerzos del Gobierno se van a centrar en los salarios, también ha resaltado que se está trabajando en otras muchas medidas, como que se liguen los salarios al rendimiento y productividad, que haya mayor transparencia salarial para evitar discriminaciones o que se equilibre la flexibilidad en la distribución del tiempo de trabajo.
En esta línea, ha destacado que la normativa en relación con los registros de jornada es una herramienta «indispensable». «No queremos con esto perseguir a las empresas del siglo XXI, lo que queremos es perseguir a las empresas del siglo XIX, que siguen lastrando derechos», subrayó.
RECUPERACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
La secretaria de Estado ha resaltado que también se está intentando recuperar el papel de la negociación colectiva «para intentar revertir algunos de los efectos más nocivos que ha producido la reforma de 2012 y subsiguientes».
«Creemos que el papel del convenio colectivo ha perdido su rol de redistribución de la riqueza y es un elemento al servicio de la unilateralidad empresarial», ha apuntado. Para el Gobierno, es necesario ir hacia un modelo que permita «la más amplia libertad de los sujetos negociadores con las mínimas trabas legales».
Por último, la secretaria de Estado ha puesto de relieve que se va a seguir trabajando en todos los objetivos emprendidos hace 7 meses cuando el PSOE llegó al Gobierno, con el foco puesto en el logro de «más y mejor empleo».
«Hay mucha tarea y es una tarea ambiciosa, porque revertir la creciente precarización de estos últimos años y corregir la brecha en la desigualdad social que ha dejado la crisis económica obliga a recuperar algunos elementos clave de nuestro sistema jurídico laboral y del actual mercado de trabajo, y esta es una actuación que requiere una reforma integral de la política social que compete a nuestro Ministerio», ha apostillado.
