El número de concursos de personas físicas ha crecido significativamente en 2018, mientras que se mantiene y estabiliza la tendencia a declarar y concluir concursos en el mismo auto, sin nombramiento de administrador concursal, a lo que la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC) ha concluido que «las sociedades no perciben los concursos como una herramienta para solucionar una situación de insolvencia, sino como un cumplimiento de una obligación formal».
En concreto, el número de concursos de personas físicas en Barcelona se ha incrementado un 73,65% en 2018 respecto al ejercicio anterior, mientras que en Madrid el número permanece prácticamente constante, según el estudio de nombramiento de administradores concursales elaborado por Insolnet para ASPAC.
Mientras que en Barcelona el total de procedimientos publicados, incluyendo las personas físicas y entidades jurídicas, ha pasado de 772 en 2017 a 1.010 en 2018, en Madrid, ha pasado de un total de 777 en 2017 a 735 en 2018.
En el caso de concursos de personas físicas, el nombramiento pretende que al deudor se le perdonen las deudas que no ha podido satisfacer con la liquidación de su activo, por lo que es consecuencia de un procedimiento de mediación anterior y la retribución del administrador concursal de dichos concursos tiene una limitación especial respecto a su cuantía, que los hace «poco atractivos desde el punto de vista económico».
Respecto al número de concursos declarados y concluidos en el mismo auto, en el caso de Barcelona se ha registrado un incremento del 29,9%, mientras que en el caso de Madrid, un aumento del 25,98% respecto al total.
El presidente de ASPAC, Diego Comendador, añade que «cada vez es más urgente limitar el acceso al ejercicio de la profesión de administrador concursal, ya que no tiene sentido la existencia de una media de 12.000 administradores concursales para tramitar el número de expedientes actual y previsible».
Comendador concluye que ASPAC «tiene entre sus objetivos que la profesión de administración concursal provea a la sociedad los profesionales capaces de desarrollar dicha actividad de manera óptima y la elaboración de una guía de la ley de segunda oportunidad para proteger a las personas físicas frente a la insolvencia».
