La previsible caída del PIB provocada por el parón de la actividad, que rondará los dos dígitos en el conjunto del año, hace necesario agilizar la llegada de liquidez a las empresas, especialmente en los sectores con mayor falta de ingresos, y ampliar el alcance de las medidas tributarias y de cotizaciones sociales adoptadas.
Definir un plan para las restricciones a la movilidad, ante la probabilidad de nuevos crecimientos en la curva de contagios, delimitado, flexible y estructurado por etapas a las que correspondan diferentes intensidades y formatos de aislamiento. La gestión de este plan debería hacerse teniendo en cuenta especialmente a las Comunidades Autónomas, a los Ayuntamientos y a las Organizaciones Empresariales.
Para asegurar que nadie se queda atrás será necesario desarrollar programas específicos para la protección y el refuerzo después de la crisis de mayores, afectados por la COVID-19 y personal sanitario.
El informe llama a reactivar la industria y a intensificar y potenciar estratégicamente las actividades de I+D+I, dentro de un plan de financiación relevante basado en la colaboración público-privada, medidas en el ámbito tributario, y un decidido y firme apoyo financiero de la Unión Europea.
CEOE ha elaborado, en colaboración con Deloitte y ESADE, un documento en el que se identifican un conjunto de medidas de corto, medio y largo plazo para afrontar la recuperación de la economía española tras la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y para sentar las bases de un nuevo modelo económico en favor de la competitividad del país y del bienestar de toda la sociedad.
A corto plazo, la pérdida en términos humanos, sociales y económicos es irreversible y el proceso de vuelta a la normalidad no va a ser sencillo, ni rápido, y será desigual entre unos sectores y otros.
En un escenario central en el que se supera la pandemia en el tercer trimestre del año y se recupera la normalidad en términos de movilidad en la segunda mitad del mismo año, el informe prevé que el PIB español caiga un 8% este año, en línea con los pronósticos del FMI, el Banco de España o el Programa de Estabilidad 2020-2021 presentado por el Gobierno.
Por el contrario, si las medidas de contención y distanciamiento, aplicadas en la primera fase de la crisis, se prolongasen a la segunda mitad del año por la posibilidad de algún rebrote, resultaría una caída de la actividad económica en España en 2020 de cuatro puntos porcentuales adicionales, llevando el retroceso hasta el 12%.
Este escenario podría agravarse si no hay una acción temprana, coordinada y contundente tanto en el frente sanitario como en el económico. En este sentido, el informe considera necesario apuntalar la vía europea y la nacional.
De un lado, la reacción de la UE para mitigar los efectos económicos del virus ha sido más ambiciosa y rápida que en ocasiones pasadas. A futuro, será importante la concreción de algunos aspectos de los programas comprometidos.
A nivel nacional, la clave será la simplificación de los trámites para la concesión de las ayudas para dotar de liquidez a las empresas, la ampliación de su alcance en determinados casos y la adopción de medidas que permitan la adaptación a la recuperación gradual de la actividad, colocando a las personas en el centro de todo este proceso.
Por ello, el Gobierno deberá también extender la vigencia de las medidas ya aprobadas y poner en marcha otras como las sugeridas en este análisis y mantenerlas mientras sea necesario para infligir el menor daño posible al crecimiento y recuperación de la economía española.
En este sentido, se hace un llamamiento a apoyar a sectores especialmente golpeados por el virus, como el turismo, hostelería, industria, consumo, transporte, salud, cultura y entretenimiento.
Dentro de la propuesta concreta para afrontar el futuro tras el COVID-19, se plantean una serie de medidas defensivas, para salvaguardar fundamentalmente el tejido productivo y evitar que nadie se quede atrás en el corto plazo; y otras más de medio y largo plazo enfocadas a preparar el camino para ganar competitividad.
En primer lugar, el objetivo es retomar la actividad ordinaria de una forma segura para evitar, en caso de nuevos rebrotes del virus, nuevos confinamientos que tendrían un grave impacto en la actividad económica.
Para ello, se propone incrementar la capacidad de diagnóstico mediante test y la trazabilidad de los contagiados. Por otra parte, se debe autorizar a las empresas privadas para que puedan hacer test a su personal según sus necesidades y definir un plan para las restricciones a la movilidad, ante la probabilidad de nuevos crecimientos en la curva de contagios, delimitado, flexible y estructurado por etapas a las que correspondan diferentes intensidades y formatos de aislamiento.
La gestión de este plan debería hacerse teniendo en cuenta especialmente a las Comunidades Autónomas, a los Ayuntamientos y a las Organizaciones Empresariales, que son los que mejor conocen la realidad de sus territorios.
Al mismo tiempo, es necesario agilizar la llegada de liquidez a las empresas que sufren una reducción de los ingresos por la falta de actividad y el hecho de tener que seguir afrontando gran parte de sus costes. En este sentido, también se plantea la necesidad de ampliar el alcance de las medidas tributarias y de cotizaciones sociales adoptadas.
En el ámbito laboral, se considera fundamental suprimir las cuotas empresariales a la Seguridad Social en ERTEs y reducir las cuotas sociales para aquellas empresas que se comprometan a mantener el empleo en condiciones y plazos claramente delimitados.
Otras medidas para poder acompasar los costes con la recuperación de la actividad y la demanda, reduciendo rigideces, serían prolongar las medidas excepcionales en materia de suspensión de contratos de trabajo y reducción de jornada y articular otras nuevas, de manera que se permita adecuar la plantilla de las compañías a la paulatina recuperación de la actividad, limitando el alcance del compromiso del mantenimiento del empleo y los efectos de su posible incumplimiento.
Preservar el tejido de pymes y autónomos
Junto a todas estas medidas, el informe apuesta por preservar el tejido de pymes y autónomos, que suponen una parte mayoritaria del tejido productivo y son, en cambio, más vulnerables a episodios como el actual.
En este sentido, se plantea la necesidad de “hibernar” las salidas de caja gracias a medidas específicas en las áreas fiscal/tributaria (diferir pago de impuestos y autoliquidaciones), y laboral/social (retraso en el ingreso de cotizaciones); así como aquellas orientadas a acelerar las entradas de caja (agilizar los pagos de las administraciones públicas), y aumentar la resiliencia ante eventos similares en el futuro (fomento de la digitalización).
Para asegurar que no dejamos a ningún colectivo atrás, a futuro será necesario desarrollar programas específicos para la protección y el refuerzo después de la crisis de mayores, afectados por la COVID-19 y personal sanitario; incentivar la oferta de vivienda en alquiler para favorecer la movilidad geográfica y la empleabilidad de las personas; y en el caso de establecer ayudas a rentas, estas deberían ser eficientes, transitorias, y enfocadas a la reempleabilidad de sus beneficiarios.
Una estrategia de salida
De cara a una estrategia de salida en el medio y largo plazo, va a ser fundamental compatibilizar el enfoque defensivo anterior con el apoyo a los sectores en su proceso de adaptación a los cambios estructurales que pueden tener lugar.
Esto requerirá desarrollar un modelo de relación más digital a todos los niveles, tanto desde el sector público como el sector privado, puesto que el teletrabajo, el comercio electrónico, la educación y el ocio a distancia están aquí para quedarse.
Seguir impulsando el acceso y la cobertura de las actuales redes de telecomunicaciones mediante unas políticas y una regulación que fomenten el despliegue de nuevas infraestructuras y la modernización de las existentes. También hacer frente a la brecha digital que viene determinada por distintas variables como el nivel de renta, el estado de salud, el nivel educativo, la edad, etc.
Por otro lado, el informe precisa que ahora más que nunca es momento de reactivar la industria, como motor fundamental de la economía y elemento tractor de los sectores auxiliares, así como un sector básico para generar empleo de calidad. En este sentido, es necesario retomar el objetivo de lograr que su peso sobre el PIB pase del 14% actual al 20%.
Al mismo tiempo, considera obligado intensificar y potenciar estratégicamente las actividades de I+D+I como palanca de competitividad empresarial, tal y como ha puesto de manifiesto esta crisis sanitaria. Las Administraciones Públicas deben asumir un mayor liderazgo, tanto promoviendo una mayor inversión pública y privada en I+D+I, como facilitando una colaboración eficiente entre los distintos actores.
Finalmente, se llama a continuar con la transición energética, favoreciendo la progresiva descarbonización y fomentando las energías renovables y la mejora de la eficiencia energética, así como todas aquellas tecnologías que posibiliten alcanzar la neutralidad de emisiones en el horizonte marcado, con el apoyo de señales económicas correctas.
Financiar la recuperación
El informe también trata de dar respuesta a la pregunta de cuál debe ser la estrategia financiera a nivel nacional que permita financiar el impacto de la crisis en los distintos sectores de actividad, así como los cambios estructurales que se precisen para adaptarse al nuevo entorno.
Lo que se propone es acometer un plan de financiación relevante basado en la colaboración público-privada, medidas en el ámbito tributario, y un decidido y firme apoyo financiero de la Unión Europea.
Es importante destacar que la necesidad de reforzar el sostenimiento de las cuentas públicas, afrontando el necesario endeudamiento público para implementar las medidas de estímulo sugeridas, fundamentalmente, desde un crecimiento económico sólido, la eficiencia del gasto y sin recurrir a subidas de impuestos.
En este marco, se propone implantar un conjunto de medidas de flexibilidad que faciliten la actuación crediticia de las actividades financieras sin penalizar su solvencia o incluso contribuyendo a reforzarla.
De cara a los inversores, se debe construir confianza para atraer la inversión mediante una serie de medidas que permitan potenciar la unidad de mercado, simplificar trámites y permisos de las Administraciones Públicas, incentivar fiscalmente a los inversores y promotores y fomentar la colaboración público-privada a través de concesiones, entre otras.
Por último, hay que señalar la oportunidad del diálogo social como punto de encuentro y consenso. Este debe ser el marco natural de las reformas necesarias para la modernización de nuestro tejido productivo, para hacer frente entre otros, a los retos del envejecimiento, digitalización y cambio climático.
