La crisis económica provocada por la COVID ha supuesto un duro mazazo a la actividad de las empresas y ha puesto en riesgo su liquidez y su solvencia.
Como refleja el Barómetro de CEPYME, el 90% de las empresas han sufrido una caída de ingresos y el 50% ven en riesgo su supervivencia.
Para afrontar sus necesidades de liquidez, las pymes han recurrido a sus ahorros y patrimonio, pero también a la financiación ajena, especialmente a través de la Línea de Avales del ICO instrumentalizadas para hacer frente a la COVID, que han facilitado el acceso de las pequeñas y medianas empresas al crédito.
Según los datos del ICO, las pymes y los autónomos han recibido financiación por más de 114.000 euros durante el año 2020. Pero esta financiación a través de créditos supone un importante incremento del endeudamiento de las empresas, que cuando acabe la crisis deberán hacer frente a estas obligaciones; previsiblemente en una situación de extrema debilidad como consecuencia de la falta de actividad e ingresos en una situación que se está prolongando más de lo previsto.
Para afrontar esta situación, y evitar al máximo que un número importante de empresas se vean abocadas a situaciones de insolvencia y la consiguiente disolución, es necesario instrumentar medidas complementarias de apoyo, que faciliten la refinanciación de las empresas y la reestructuración de su deuda.
Según los datos del ICO, un total de 591.535 empresas recibieron financiación mediante estas líneas de avales, de las cuales el 99% son autónomos y pymes. En concreto, 255.808 trabajadores autónomos y 269.812 microempresas obtuvieron préstamos por importe de 31.000 millones de euros.
