La presidenta de CEPYME, Ángela de Miguel, ha visitado hoy las zonas afectadas por el desbordamiento del río Guadalete, en el término municipal de Jerez, para conocer de primera mano la situación de los empresarios afectados por las borrascas del pasado invierno, especialmente en el ámbito agrario y de las pequeñas y medianas empresas, y ha reclamado la implantación de un sistema automático de activación de ayudas que permita responder con mayor rapidez ante catástrofes climáticas.
Durante la jornada, en la que ha estado acompañada por el presidente de la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC), José Andrés Santos, y el presidente de ASAJA Cádiz, José Pravia, se han realizado visitas sobre el terreno en una de las zonas más afectadas por el desbordamiento del río Guadalete. En concreto, la delegación empresarial ha conocido de primera mano la situación de la Venta La Cartuja, establecimiento gravemente afectado por las inundaciones, así como la explotación agraria de Río Viejo, donde han podido comprobar el impacto directo en la actividad agrícola.
Estos encuentros han permitido a la presidenta de CEPYME escuchar directamente a los empresarios y conocer las dificultades reales que afrontan meses después del episodio de borrascas, tanto en términos de recuperación económica como en el acceso a las ayudas.
Tras la visita, Ángela de Miguel ha subrayado que “muchas ayudas siguen sin haber llegado, especialmente a las empresas más pequeñas, que son las que tienen más dificultades para volver a la actividad si no cuentan con apoyo inmediato”.
En este sentido, ha puesto el foco en el principal obstáculo detectado: “la burocracia está ralentizando la recuperación de las pymes en momentos críticos. Estamos ante procedimientos complejos, con numerosos trámites y plazos que no se adaptan a la urgencia de estas situaciones”.
Ante este escenario, la presidenta de CEPYME ha defendido la necesidad de un cambio estructural en la gestión de las ayudas públicas: “no podemos seguir respondiendo a emergencias con procesos administrativos ordinarios. Es imprescindible establecer un mecanismo de respuesta automática que permita activar ayudas de forma inmediata cuando se produce una catástrofe”.
“Lo que proponemos es claro: primero garantizar liquidez para que las empresas puedan reabrir y mantener su actividad, y posteriormente realizar los procesos de verificación y control. Una ayuda que llega tarde, en muchos casos, ya no sirve”, ha añadido.
Por su parte, el presidente de la CEC, José Andrés Santos, ha trasladado la preocupación del tejido empresarial gaditano por el retraso en la llegada efectiva de los apoyos comprometidos. “A día de hoy, muchas de las ayudas aún no han llegado cuando más se necesitaban. Sabemos que son procedimientos complejos, pero una ayuda que no llega a tiempo pierde gran parte de su utilidad”, ha señalado.
Santos ha incidido también en la necesidad de avanzar en medidas estructurales que reduzcan el impacto de este tipo de fenómenos en el futuro. “Es fundamental invertir en infraestructuras, especialmente en materia hídrica, y adaptar nuestras carreteras y sistemas a una climatología cada vez más exigente. Estos episodios van a repetirse y debemos estar preparados”, ha afirmado.
En la misma línea, el presidente de ASAJA Cádiz, José Pravia, ha explicado que el sector agrario ha sido uno de los más perjudicados por las inundaciones, con pérdidas muy graves en la producción. “En muchos casos, la cosecha se ha perdido completamente, por lo que la recuperación depende en gran medida de que las ayudas lleguen en tiempo y forma”, ha indicado.
Pravia ha apuntado además a la necesidad de mejorar el diseño de las ayudas para que se ajusten mejor a la realidad del campo. “Es importante que las ayudas sean más precisas, más adaptadas a los daños reales y a las características de cada explotación”, ha añadido.
Los representantes empresariales han coincidido en valorar positivamente la coordinación institucional durante la fase inicial de la emergencia, pero han insistido en que es necesario mejorar los mecanismos de gestión posteriores. En este sentido, han reclamado una simplificación de los procedimientos administrativos y una mayor agilidad en la tramitación para garantizar que las ayudas cumplan su función.
Finalmente, han advertido de que el incremento de fenómenos climáticos extremos obliga a repensar el modelo de respuesta pública. “No estamos ante situaciones excepcionales puntuales, sino ante una realidad cada vez más frecuente. Por eso, necesitamos sistemas más ágiles, más automáticos y mejor adaptados a las necesidades reales de nuestras empresas”, han concluido.
