El PSOE y Ciudadanos han acordado revisar «en profundidad» el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social, implantando desde el primer momento y hasta que entre en vigor dicha reforma una cotización reducida de 45 euros al mes para los autónomos cuyos ingresos no superen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Así consta en el documento que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, han firmado este miércoles tras negociar el apoyo de la formación morada a la investidura del dirigente socialista.
Según el texto la intención última es que un grupo de expertos haga recomendaciones para que, a partir de 2017, se pueda aplicar un nuevo sistema de cotización a los autónomos en función de sus ingresos reales, incorporando además fórmulas nuevas para el trabajo por cuenta propia a tiempo parcial, la ‘vocación de no habitualidad’ o la complementariedad económica.
MENOS BUROCRACIA
Socialistas y ‘ciudadanos’ también se comprometen a reformar el sistema de módulos para que esté menos vinculado a la actividad o el sector y más a los niveles máximos de ingresos y ventas, y a eliminar las retenciones por IRPF durante dos años a los nuevos autónomos hasta que no lleguen a un rendimiento neto de al menos 12.000 euros anuales.
Además, parte importante de sus propuestas pasan por simplificar la burocracia a la que deben hacer frente los autónomos, permitiendo que las altas y bajas a la Seguridad Social no se tengan que hacer el primer día, permitiendo el pago sólo por los días efectivos de trabajo y permitiendo hasta cuatro cambios al año de la base de cotización.
Igualmente, se permitirá que las cotizaciones se paguen trimestralmente, se reducirá el 20% de recargo por retraso de los pagos en 24 horas, extendiendo el plazo a cinco días; se autorizará la declaración del IVA anual durante el primer año de actividad, con posibilidad de autorizarlo también para un segundo ejercicio; y se flexibilizarán las condiciones para que los autónomos que se den de baja por causas justificadas puedan volver a beneficiarse de las tarifas planas de cotización.
SEGUNDA OPORTUNIDAD
Para facilitar el acceso de emprendedores y microempresarios a la Segunda Oportunidad, el acuerdo prevé incorporar las deudas con Hacienda y Seguridad Social con el mismo tratamiento que las de las entidades mercantiles en los concursos, lo que se suma a la medida de que los autónomos puedan compensar sus deudas con estas entidades con los créditos que tengan con alguna administración pública.
En este ámbito de la Segunda Oportunidad, también se prevé eliminar el periodo de cinco años que el PP permitió en su ley para revisar las condonaciones de deuda si cambiaban las circunstancias económicas del deudor; reducir las condiciones para acogerse a este mecanismo de quita y garantizar la inembargabilidad de la vivienda habitual en caso de familias con dificultades.
MÁS FINANCIACIÓN PARA LAS EMPRESAS
Una parte importante del documento hace referencia también a la necesidad de mejorar la financiación de las empresas, e incluye propuestas como crear fondos de inversión público-privados de ‘match funding’ especialmente para sectores estratégicos, equiparar los incentivos fiscales al capital riesgo o las deducciones por I+D a los que tienen las empresas con beneficios o reforzar los sistemas de garantías recíprocas.
También haría falta, creen ambas formaciones, impulsar el crédito directo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a empresas, sobre todo de sectores estratégicos, así como desarrollar nuevos instrumentos de financiación (avales y garantías o inversiones en modalidad primera pérdida, entre otros).
Sin embargo, una de las medidas con mayor impacto podría ser la reforma de la Ley de Financiación Empresarial, aprobada la pasada legislatura, para aumentar los límites de inversión permitidos mediante ‘crowdfunding’ y mejorar la transparencia en aras a limitar los riesgos.
En paralelo, habría que modificar la Ley de Mecenazgo para mejorar los incentivos fiscales al mecenazgo, la filantropía y la participación social, así como para regular la figura del ‘endowment’ o fondo fiduciario que se nutre de personas físicas o jurídicas para una finalidad social específica.
Igualmente, socialistas y ‘ciudadanos’ plantean la necesidad de crear una Estrategia Estatal para Emprendedores Tecnológicos que afecte a la tributación de las stock-options, incentivos para ‘business angels’ o reforma de la sociedad de emprendedor de responsabilidad limitada.
Por otra parte, el documento compromete un tratamiento fiscal favorable para las empresas de economía social, una reforma de la Ley de Cooperativas y una regulación de la economía colaborativa mediante la creación de una ponencia parlamentaria para identificar los obstáculos a su desarrollo y su impacto laboral y fiscal.
MENOS TRABAS Y MEJOR GOBIERNO CORPORATIVO
PSOE y Ciudadanos consideran además necesario eliminar trabas a los emprendedores y a la creación de empresas, para lo que habría que simplificar y eliminar leyes y normas. Además, proponen crear una Agencia de Apoyo a las PYMES al estilo británico, y elevar los umbrales impositivos que dificultan el aumento de tamaño de las empresas españolas.
En este sentido, se plantea elevar el umbral de facturación de los pagos fraccionados de Sociedades e IVA de 6 a 20 millones de euros, cantidad a partir de la cual la empresa pasaría a la Unidad de Grandes Contribuyentes; así como permitir a las empresas con negocios de entre 5,7 y 8 millones de euros, activos de entre 2,85 y 4 millones o menos de 50 trabajadores usar un nuevo tipo de auditoría abreviada.
Un régimen sancionador en materia de morosidad, dedicar el 3% de todas las inversiones públicas a compra pública innovadora que prime los criterios de sostenibilidad ambiental o reservar una parte del gasto de todas las administraciones públicas a las pymes también favorecerían al sector empresarial español.
Finalmente, el documento apuesta por un nuevo modelo de gobernanza empresarial para las grandes empresas en el que la Junta de Accionistas tenga más peso, la dirección estratégica y la gestión diaria estén separadas y se refuercen los mecanismos de control y supervisión sobre los gestores.
Además, se revisarán y harán más transparentes las estructuras de remuneración de los altos directivos y consejeros para que sean aprobadas como punto independiente del orden del día, en votaciones individuales y con participación de los accionistas minoritarios, así como obligar a las empresas a publicar «indicadores de dispersión salarial» en las cuentas anuales.
Por último, se fomentarán fórmulas de representación de los trabajadores que fomenten el buen gobierno, especialmente en las grandes empresas; y se revisarán los procedimientos de concesión de obras públicas y colaboración público-privada, particularmente en el ámbito de las infraestructuras, mejorando las licitaciones y las obligaciones contractuales.
