La Confederación Nacional de la Construcción ha presentado un documento con 7 propuestas para el nuevo Gobierno que se forme tras el 10N.
Propuestas de la Confederación Nacional de la Construcción al nuevo Gobierno
- Las infraestructuras son esenciales para el crecimiento económico, la competitividad, el bienestar social de los ciudadanos y el cuidado del medio ambiente.
- Los poderes públicos deben impulsar la seguridad jurídica y máxima transparencia en los procesos de contratación pública para garantizar la eficiencia y equidad del sistema.
- Vivienda asequible y de calidad.
- Rehabilitación del parque edificado.
- El sector de la construcción es un sector moderno, profesional y que presta un servicio esencial a la sociedad y, como tal, debe contar con el apoyo de las políticas públicas.
- Una economía española moderna, competitiva y climáticamente neutra y resiliente no puede lograrse sin la industria de la construcción.
- Coordinación y estabilidad política e institucional.
Las infraestructuras son esenciales para el crecimiento económico, la competitividad, el bienestar social de los ciudadanos y el cuidado del medio ambiente
La idea equivocada de que en España está ya todo hecho en materia de infraestructuras puede conducir a nuestro país al inmovilismo y al retroceso económico. Aunque en autovías, puertos, aeropuertos y tren de alta velocidad, contamos con una extensa y moderna red, existen otras áreas, de marcado contenido social, en las que somos altamente deficitarios, como en infraestructuras de abastecimiento, depuración y distribución del agua, de tratamiento de residuos, protección y regeneración del medio ambiente, movilidad urbana, de transporte de mercancías y logística,accesibilidad,redes secundarias, gestión de capacidad y equipamiento público.
Seguir avanzando en la modernización y mejora de nuestras infraestructuras debe constituir un compromiso irrenunciable con las futuras generaciones para garantizar la competitividad de nuestra economía y el bienestar de nuestros ciudadanos.Las crecientes necesidades de gasto público en materia de protección social y de reducción de la deuda pública evidencian que España, en los próximos años, no podrá financiar con cargo a los Presupuestos públicos todas las inversiones prioritarias que el país necesita. Pero ello no puede servir de excusa para eludir nuestro compromiso.
España no puede permanecer pasiva ante la falta de recursos presupuestarios suficientes, pues la reindustrialización y modernización del país son objetivos prioritarios para preservar el desarrollo,la competitividad y el bienestar de los ciudadanos.
Resolver lo anterior requiere la promoción de una inversión sostenida en infraestructuras, que mitigue el déficit de dotación de infraestructuras en determinados ámbitos y las carencias en su mantenimiento. En este sentido, se precisa:
- Aprobar un Plan de nuevas infraestructuras que prevea acometer, junto a las necesarias infraestructuras de transporte y movilidad -básicas para la movilidad y el equilibrio territorial- inversiones en los sectores del agua, la gestión de residuos, el medioambiente, la sanidad y la educación, y avanzar hacia un Pacto Nacional del Agua.
- Aprobar un Plan de conservación y mantenimiento de la red viaria ante el estado deficitario de parte de las infraestructuras viarias y el impacto que ello supone en el cambio climático (cada kg de CO2 invertido en conservación evita la emisión de 36 kg de CO2 procedentes del transporte por carretera).
- Desarrollar un modelo concesional y de colaboración público-privada eficiente que, de forma complementaria a los presupuestos públicos, de respuesta a la necesidad de inversión en infraestructuras y servicios prioritarios pendientes.
La inversión en infraestructuras es fundamental para lograr un desarrollo sostenible y un mayor equilibrio social, y así queda reflejado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.
Los poderes públicos deben impulsar la seguridad jurídica y máxima transparencia en los procesos de contratación pública para garantizar la eficiencia y equidad del sistema
Los poderes públicos deben garantizar la seguridad jurídica e impulsar la máxima transparencia en los procesos de contratación, tanto desde la fase de elección, planificación, preparación y adjudicación del contrato, preservando de forma efectiva que los precios de los contratos se adecuen a los reales del mercado y que las ofertas seleccionadas sean las que presenten la mejor relación calidad-precio, como a lo largo de su ejecución, modificación y liquidación.
En el procedimiento de clasificación de las empresas contratistas, en aras del cumplimiento del principio de seguridad jurídica y de una mayor transparencia en su actuación pública, es necesario una mayor accesibilidad al expediente y al instructor. Asimismo, se precisa que se aprueben unos criterios objetivos de interpretación de las normas sobre clasificación de contratistas, que faciliten el acceso de las PYMES a la licitación pública.
Es fundamental cumplir con el principio de eficiencia en el gasto público evitando las cláusulas de los pliegos que no tienen relación con el objeto del contrato encareciendo y limitando la participación.
Vivienda asequible y de calidad
Nos encontramos en un momento crucial para la economía de España y el acceso a la vivienda es uno de los retos más importantes al que nos enfrentamos. El acceso a una vivienda asequible y de calidad podría convertirse, si sabemos hallar y aplicar las soluciones adecuadas, en un impulso importante para la economía y la creación de empleo además de resolver el problema principal del acceso a la vivienda.
Los operadores públicos y privados, de acuerdo con los legisladores, podrían estabilizar el sector, con una producción sostenida de viviendas abordando simultáneamente la modalidad de venta y la modalidad de alquiler, creando un parque razonable de viviendas a precios asequibles y gestionado con colaboración público-privada.
Para posibilitar el desarrollo y ejecución de este parque edificatorio de vivienda social es fundamental atraer a la inversión privada, para lo que es indispensable a su vez que las Administraciones Públicas pongan a disposición el suelo dotacional generado procediendo a su desbloqueo.
Además, se debe aprobar una ley para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito urbanístico. Las anulaciones por defecto de forma de Planes de ordenación territorial y urbanística y la nulidad en cascada que conllevan del planeamiento de desarrollo e incluso de los actos de aplicación, aun habiendo transcurrido un dilatado periodo de tiempo entre la entrada en vigor de los Planes y su anulación en los Tribunales, provoca una crisis del sistema, que pone en riesgo la credibilidad del ordenamiento jurídico y menoscaba su seguridad.
La vivienda requiere contar con una normativa que aporte mayor claridad y certidumbre a todos los actores intervinientes en el mercado.
Rehabilitación del parque edificado
Las actuaciones para mejorar la eficiencia energética de los edificios también llevan a la obtención de otros beneficios igualmente necesarios, tales como mejora de la salud y el confort de los ciudadanos, resolución de problemas de seguridad, prolongación de la vida útil de los edificios, accesibilidad, etc.
La estabilidad y continuidad es un aspecto esencial en la definición de un marco de confianza, tanto hacia el ciudadano como hacia la industria.
Algunas de las medidas que deberían introducirse en un Pacto de Estado sobre rehabilitación que apueste por la conservación y mejora del parque edificado existente, así como sus viviendas, con continuidad a través de las legislaturas, son:
- Facilitar, cuando sea posible y conveniente, el incremento de edificabilidad de los edificios para dar viabilidad técnica y económica a ciertos proyectos de rehabilitación.
- Posibilitar el crédito a comunidades de propietarios con entidades públicas que actúen como avalistas.
- Unificación de ayudas, trámites y criterios, a fin de lograr una mayor coherencia entre recursos disponibles y su gestión con las competencias de cada administración.
- El incremento del valor patrimonial del inmueble derivado de una actuación en rehabilitación integral no debe repercutir en valor de carga impositiva para el primer propietario y/o derechos de herencia/transmisión.
- Deducciones fiscales en los tramos estatal y autonómico del IRPF por inversiones en obras de rehabilitación edificatoria y reformas en el interior de viviendas.
- Ampliación del tipo de IVA reducido aplicable en la obra nueva a obras e instalaciones de reforma y rehabilitación de edificios para la mejora en la eficiencia energética o creación de un tipo de IVA reducido específico para aquellas actuaciones que mejoren la eficiencia energética,como ya sucede en países de nuestro entorno.
- Ampliación del tipo reducido del 10% al resto de agentes que intervienen en las obras de rehabilitación y reforma en el suministro de materiales de reforma y en la instalación y fabricación, con el fin de mejorar la eficiencia energética en los locales y viviendas.
El sector de la construcción es un sector moderno, profesional y que presta un servicio esencial a la sociedad y, como tal, debe contar con el apoyo de las políticas públicas
La actividad de la industria de la construcción representa el 10,8% del PIB nacional, y da empleo directo e indirecto a más de un millón ochocientos mil trabajadores. La necesaria modernización del sector, y la adaptación de sus empresas y trabajadores a las nuevas tecnologías y especializaciones, por su importante incidencia en la economía española y en el empleo, debe contar en su esfuerzo formativo con el apoyo de los poderes públicos.
El desarrollo de las ciudades, necesario para el continuo aumento de población que se está produciendo, depende de una rápida y completa implementación de la construcción digital e industrializada a lo largo de la cadena de valor. Para ello es necesario apostar por la formación, tanto de los trabajadores y empresas del sector, como de los funcionarios responsables de los temas urbanísticos, de vivienda o de contratación.
Las empresas constructoras están teniendo dificultades a la hora de encontrar suficientes trabajadores con las habilidades y formación necesarias, a pesar de los altos niveles de desempleo, especialmente entre los jóvenes. Para cuya solución es preciso fomentar la inversión en formación inicial y permanente, así como en programas de aprendizaje e implementar la certificación de la profesionalidad a través de la experiencia.
Una economía española moderna, competitiva y climáticamente neutra y resiliente no puede lograrse sin la industria de la construcción
Los edificios juegan un papel clave en la descarbonización de nuestro país. Para ello se necesita la mejora de la eficiencia energética, mediante la rehabilitación y regeneración urbana y la apuesta por la construcción sostenible y la industrialización del proceso constructivo; así como la incorporación de energías renovables. Pero no sólo los edificios juegan un papel clave en la reducción de emisiones. Diversos estudios han determinado el aumento de las emisiones de los vehículos cuando circulan por pavimentos deteriorados. Un turismo puede incrementar el porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero hasta un 13% cuando circula por pavimentos con mala o muy mala regularidad superficial; y cada kg de CO2 invertido en conservación evita la emisiónde 36 kg de CO2 procedentes del tráfico rodado.
El cambio climático plantea un riesgo significativo para los edificios y las infraestructuras, ya que cada vez son más frecuentes los fenómenos naturales extremos y podrían comprometer las estructuras que se construyeron antes de que tales peligros fueran evidentes. Los edificios e infraestructuras nuevos y existentes deben poder hacer frente a estos fenómenos climáticos.
El último caso de “gota fría” (DANA) que ha azotado el Levante español, no es más que una muestra de lo que está por venir. Algunas de las medidas de protección frente a inundaciones en las ciudades que se pueden adoptar son:
- Mejora de la capacidad hidráulica de los sistemas de saneamiento unitarios.
- Inversiones para la construcción de sistemas de saneamiento separativos.
- Suministro alternativo de agua potable.
- Incremento de volúmenes de almacenamiento de agua potable.
- Gestión avanzada de activos: inversiones orientadas a renovar los activos con un índice de salud bajo (renovación de redes en mal estado).
El cambio a una economía circular necesita acelerarse, porque los recursos naturales, muchos de los cuales se utilizan a menudo en construcción, se están agotando. Por un lado, la insuficiente inversión en I+D+i orientada a conseguir materiales más durables, con mayores prestaciones y menor consumo de recursos y; por otro lado, la falta de instalaciones de reciclaje, así como la rigidez y la demora en la aplicación de algunas normas, constituyen un obstáculo para una eficaz aplicación de los principios que rigen la economía circular.
Al introducir objetivos obligatorios en la legislación sobre residuos y otras políticas pertinentes respecto a la economía circular, hay que tener en cuenta los impactos generados al transportar los residuos de demolición a las instalaciones de reciclado disponibles (a menudo situadas lejos del emplazamiento) y los beneficios reales del reciclado. Hay que tener en cuenta también que muchos edificios existentes contienen materiales que estaban permitidos en el momento de la construcción,que no pueden ser reciclados y que deben ser eliminados de forma segura.
Por último, debe promoverse la construcción con materiales reciclados, siempre que cumplan las principales prestaciones, desde el principal promotor de obras que tenemos en nuestro país, que es la Administración Pública.
Coordinación y estabilidad política e institucional
La estabilidad política es equivalente a credibilidad y seguridad jurídica y condición necesaria para que se mantenga, e incluso mejore, la confianza de los ciudadanos, empresas e inversores en nuestro país. En concreto, las empresas requieren de certidumbre, estabilidad institucional y social y un horizonte temporal para la asunción del riesgo inherente a toda inversión o decisión empresarial.
El diálogo entre asociaciones empresariales y sindicales vertebra y estructura la estabilidad económica e institucional, a la vez que da cumplimiento al papel que nuestra Constitución establece para nuestros agentes sociales.
Por otro lado, la construcción es un sector que viene regulado y promovido desde distintos Ministerios (Fomento y Transición Ecológica, principalmente), además las Comunidades Autónomas tienen la competencia en materia de vivienda, lo que a menudo dificulta la coordinación.
