El número de parados que perdió su empleo tres años antes o más disminuyó en 223.500 personas en 2017, un 18,2% respecto a 2016, hasta superar ligeramente el millón de desempleados, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de la Encuesta de Población Activa (EPA).
De este modo, el peso de los parados de muy larga duración sobre el total de desempleados con experiencia laboral previa alcanzó en 2017 el 28,3%, porcentaje 2,1 puntos inferior al de 2016. La categoría de los parados de muy larga duración fue la que más se redujo el año pasado.
La mayor parte de los desempleados existentes en 2017, año que se cerró con una media de 3,9 millones de parados, procedían en su mayoría de situaciones previas de empleo. En total, a cierre del año pasado 3.533.200 parados habían trabajado anteriormente, es decir, que tenían experiencia laboral previa.
De esta cantidad, el 52,9% (1.869.600) dejó de trabajar en 2017 por haber finalizado su contrato, un 8,4% menos que en 2016.
Otro motivo de peso para terminar en el desempleo fue el despido o la supresión del puesto de trabajo, incluyendo las regulaciones de empleo. En total, 365.000 personas se vieron en el paro por alguna de estas razones, 223.500 menos que en 2016 (-11,9%). En conjunto, los trabajadores que fueron despedidos en 2017 equivalen 10,3% del total de desempleados con experiencia laboral previa, el mismo porcentaje que en 2016.
Los datos de Estadística muestran además que una de cada tres personas, el 36,9%, trabajó en 2017 al menos un sábado al mes, porcentaje tres décimas superior al de 2016, mientras que el 21,3% trabajó al menos un domingo al mes, una décima menos.
Por el contrario, el 60,2% de los ocupados no trabajó ningún sábado de 2017 y el 77% ningún domingo, porcentajes similares a los de 2016.
LA INTERMEDIACIÓN DEL SEPE SUBE, AUNQUE POCO
En cambio, subió, aunque poco, el porcentaje de trabajadores que trabajó en jornada nocturna, desde el 12,4% de 2016 al 12,5% en 2017. Un 6,9% trabajó ocasionalmente de noche y el 5,6% lo hizo en más de la mitad de sus días laborables.
El 91,8% de los ocupados no trabajó ningún día en su domicilio durante el año 2017, mientras que el 3% lo hizo ocasionalmente y el 4,3% trabajó en casa más de la mitad de sus días laborables.
La EPA de 2017 también revela que el porcentaje de asalariados que fue contratado a través de una ETT subió ligeramente, desde el 3% de 2016 al 3,4% en 2017, hasta un total de 538.800 asalariados contratados, mientras que sólo un 2% (312.400 personas) obtuvo su empleo mediante la intermediación de una oficina de empleo público, porcentaje dos décimas superior al de 2016.
CON JEFES, PERO SIN SUBORDINADOS
De la encuesta también se extrae que la mayor parte de los trabajadores españoles tienen jefe, pero ningún subordinado. En concreto, casi siete de cada diez trabajadores se encontraban en esta situación en 2017.
Del total de ocupados contabilizados el año pasado, el 10,1% no tenía jefes ni subordinados (trabajador independiente), el 6,5% era encargado, el 6,5% director de una empresa pequeña, departamento o sucursal, el 6,8% era mando intermedio, y el 0,7% ocupaba un puesto de director de empresa grande o media.
El porcentaje de empleados, es decir, de trabajadores con jefe y sin subordinados, retrocedió 1,5 puntos en 2017 respecto a 2016, situándose en el 69,3%, mientras que el porcentaje de mandos intermedios escaló ocho décimas.
La proporción de hombres directores supera en 3,6 puntos la de las mujeres en las empresas de pequeño tamaño, mientras que el de varones ocupados sin jefes ni subordinados sobrepasa en 4,3 puntos el porcentaje de mujeres. Ellas, por el contrario, superan a los hombres en los puestos de empleados en 12,5 puntos (76,1% frente a 63,6%).
BAJAN LOS OCUPADOS A TIEMPO PARCIAL POR ATENDER A DEPENDIENTES
Según Estadística, un total de 278.100 ocupados trabajaron a tiempo parcial en 2017 para cuidar a personas dependientes, un 1% menos que en 2016.
La gran mayoría de quienes trabajaron a tiempo parcial para poder ejercer a su vez la labor de cuidadores fueron mujeres. El 58,7% de ellas consideran que no hay servicios adecuados para la atención de personas dependientes (niños, adultos, enfermos, personas con discapacidad, etc.) o no pueden costearlos.
