El aumento del tipo mínimo del pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades entrará en vigor este mismo año, en las liquidaciones que se realizan en octubre y diciembre, y se prolongará, al menos, hasta 2017, según fuentes gubernamentales, que añaden que no se descarta que también se aplique en 2018 en función de la evolución del déficit.
Esta medida, incluida en el texto de alegaciones que el Gobierno en funciones remitió a Bruselas el pasado día 13 de julio respecto al procedimiento de déficit excesivo abierto a España, contempla un aumento del tipo mínimo del pago fraccionado desde el 12% actual hasta entre el 20% y el 25% sobre el resultado contable y se aplicará únicamente para las empresas que facturen más de 20 millones de euros al año, unas 4.400 empresas.
Con esta medida, el Ejecutivo prevé ingresar entre 6.000 y 7.000 millones de euros adicionales al año para poder enjugar las cifras del déficit, en un momento en el que los ingresos por pago fraccionado de las empresas está cayendo más del 50% como consecuencia, por un lado, de la rebaja del impuesto, que entró en vigor de forma escalonada en 2015 y 2016, y por otro lado, por la desaparición este año del tipo mínimo del 12% de los pagos fraccionados, que estuvo en vigor entre 2012 y 2015.
Pero para que esta medida pueda entrar ya en vigor en octubre, las fuentes gubernamentales indicaron a Europa Press que es preciso acelerar la constitución del nuevo Gobierno, con la finalidad de que se pueda aprobar cuanto antes un decreto ley –que se tramita en las Cortes mediante un procedimiento abreviado– que recoja la medida y que pueda aplicarse ya este año en los dos últimos pagos fraccionados que realizan las empresas en octubre y diciembre.
Además, las mismas fuentes también advierte de que un retraso en la constitución del nuevo Ejecutivo dificultaría la aprobación de unos nuevos Presupuestos para 2017 –deben llegar al Congreso antes del 30 de septiembre–, lo que supondría que se prorrogaran los de este año y que, por tanto, las principales cifras se mantuvieran congeladas, como es el caso de las pensiones o el salario de los funcionarios.
Junto con el incremento del Impuesto sobre Sociedades, el Gobierno en funciones ha adoptado ya otra medida para asegurar el cumplimiento del déficit, que es adelanto a julio del cierre del Presupuesto de este año, lo que podría ahorrar unos 1.000 millones de euros adicionales.
