La organización de consumidores OCU ha alertado de que «surgen dudas» con el borrador en el que se propone un nuevo modelo de compensación por copia privada sobre el precio final a pagar por los compradores de dispositivos gravados.
La semana pasada se conocieron algunas medidas incluidas en el borrador que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte está negociando con entidades de gestión. El Gobierno debe llevar a cabo un cambio normativo sobre este asunto en la Ley de Propiedad Intelectual para cumplir con la sentencia dictada el pasado mes de noviembre por el Tribunal Supremo, que declaró nulo el Real Decreto que regulaba el anterior procedimiento de pago.
La OCU entiende que el nuevo modelo conocido, aun en negociación, supondría «una vuelta al antiguo sistema» consistente en un gravamen por copia privada sobre los soportes o aparatos de grabación de contenidos sujetos a propiedad intelectual, incluidos los móviles y memorias USB.
No obstante, quedarían exonerados de su pago empresas y administraciones públicas y estableciendo la posibilidad de reclamar su reembolso a aquellos usuarios que puedan demostrar que han hecho un uso profesional de los dispositivos.
«Si la desaparición del sistema de 2011 no supuso una reducción de los precios por parte de los fabricantes de los dispositivos antes gravados, son muy altas las posibilidades de que ahora los fabricantes repercutan el nuevo canon sobre los consumidores», ha señalado en un comunicado.
En este sentido, ha criticado que lo que se conoce por el momento del texto del borrador del nuevo Real Decreto revela la «escasa disposición» del Gobierno para establecer «un sistema capaz de reflejar la realidad de los consumidores».
«En primer lugar porque a diferencia de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, el gobierno no ha invitado a las organizaciones de consumidores a participar en las negociaciones para la elaboración de este texto, como tampoco lo hace de cara a las negociaciones que se están llevando a cabo en la Unión Europea de cara al establecimiento de la nueva directiva sobre copyright», ha lamentado.
Además, considera que de ser aprobado el Real Decreto con las disposiciones recientemente conocidas, se trataría de nuevo de un «instrumento para subsidiar» a las entidades de gestión de derechos de autor.
En opinión de OCU es «fundamental repensar» el sistema de remuneración por copia privada, pues los hábitos de consumidores están «cambiando de manera acelerada» al extenderse el uso de soluciones en streaming frente a la copia de contenidos sujetos a derechos de autor.
«De igual manera es necesario contar con un sistema armonizado a nivel europeo que tenga en cuenta esta realidad, que no penalice a la generalidad de los consumidores, que dé transparencia a la gestión que se hace de los derechos de autor y que impida la posibilidad de doble imposición a la que están sometidos en ocasiones los consumidores», ha añadido.
