Los jóvenes españoles afrontan actualmente un mayor riesgo de pobreza que sus mayores y como consecuencia de prolongados periodos de elevado desempleo y la disparidad de ingresos entre generaciones es probable que en el futuro crezca el riesgo de pobreza para los futuros jubilados.
Esta advertencia, realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), recomienda reducir o eliminar el mínimo de años cotizados, actualmente 15, para acceder a una pensión contributiva en España.
En su análisis anual de la economía española, la organización dirigida por el mexicano Ángel Gurría insiste en la necesidad de acometer cambios en el sistema de pensiones del país con vistas a salvaguardar su viabilidad financiera en el futuro ante las proyecciones demográficas para España.
La institución considera que las reformas de las pensiones de 2011 y 2013 cuentan con el potencial de contribuir a la sostenibilidad del sistema en el largo plazo, pero advierte de que los cambios adoptados en el presupuesto de 2018 «pueden deshacer parte de estas reformas», incrementando un tanto el coste de las pensiones, aunque elevando también el nivel de vida de los pensionistas.
«Hay algunas tensiones entre sostenibilidad fiscal y la viabilidad política», advierte.
Teniendo en cuenta el impacto de los cambios de 2011 y 2013 sobre los pensionistas futuros y la situación del mercado laboral español, la organización con sede en París señala la necesidad de tener en cuenta que las pasadas reformas del sistema y la potencial introducción de medidas de ajuste sobre la tasa de reemplazo o la edad de jubilación «no afecten negativamente a los que ya se han visto más perjudicados por la crisis».
En este sentido, el ‘club de los países ricos’ considera que mejorar los resultados educativos y reformar el mercado laboral para impulsar la productividad pueden ayudar a abordar esta cuestión, aunque recomienda «reducir o eliminar» el número mínimo de años cotizados requerido para acceder en España a una pensión contributiva, actualmente fijado en 15 años, para que puedan beneficiarse de estas aquellos ciudadanos con vidas laborales significativamente más cortas.
Asimismo, la OCDE plantea una mejora de las pensiones asistenciales para incorporar un mayor elemento redistributivo al sistema de pensiones de España, recomendando reducir el ritmo con que se acumulan los beneficios para una futura pensión durante los primeros años de la carrera laboral con el fin de compensar los costes e impulsar la participación laboral.
Por otro lado, la institución se muestra partidaria de ampliar el periodo de referencia para la jubilación a toda la vida laboral del trabajador y elevar el número de años cotizados necesarios para obtener la pensión máxima.
La OCDE insiste además, en una de sus habituales recetas para reforzar la viabilidad del sistema de pensiones al recomendar la vinculación entre la evolución de la esperanza de vida en España y la edad mínima legal de jubilación, que tras las últimas reformas se incrementará gradualmente en dos años, hasta los 67 años.
La institución señala que la tasa de reemplazo teórica en el momento de la jubilación para aquellos de desarrollar una vida laboral completa seguiría siendo elevada, incluso después de implementar las reformas de 2011 y 2013, lo que sugiere, en opinión de la OCDE, que «pueden necesitarse reformas adicionales».
Asimismo, considera que el sistema español no reconoce suficientemente las carreras contributivas largas y penaliza a los trabajadores con ingresos estables a lo largo de su vida laboral, mientras no incentiva prolongar la actividad más allá de haber alcanzado los periodos relevantes de cotización.
AHORRO PRIVADO
Por otro lado, la institución recomienda que, ante la perspectiva de unos menores ingresos a través de la pensión pública, será necesario que los ciudadanos en disposición de hacerlo incrementen su ahorro si quieren mantener su nivel de vida tras la jubilación, subrayando que un elevado ahorro privado serviría para mitigar los riesgos asociados la las pensiones públicas en el futuro.
Sin embargo, la OCDE señala que España cuenta con un nivel relativamente bajo de activos invertidos en fondos de pensiones privados, mientras que los gastos asociados a estos vehículos se cuentan entre los más altos del ‘club de los países ricos’.
De este modo, la organización señala la rebaja de comisiones asociadas con los planes de pensiones privados anunciada en 2018 y destaca la decisión de permitir su rescate anticipado a los diez años de contribuciones, aunque advierte de que, si bien esta medida puede hacer más atractivos estos planes de pensiones para los inversores, también puede socavar el ahorro a largo plazo para la jubilación.
«Deberían considerarse medidas adicionales y alternativas para impulsar el ahorro privado», señala la organización, que sugiere la opción de apostar por la inscripción automática de los trabajadores a algún tipo de plan privado de pensiones como fórmula para combatir los comportamientos cortoplacistas en el ahorro.
Además, considera que desarrollar «calculadoras de ingresos», así como enviar regularmente cartas a los ciudadanos informando sobre sus pensiones futuras tendría efectos beneficiosos, recordando que en Alemania se detectó un aumento del ahorro privado, después de que las autoridades comenzarán a enviar este tipo de cartas anualmente.
