El Consejo de Ministros aprobó hoy el Proyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo. UNESPA considera que el texto propuesto por el Gobierno es insuficiente. “Es una ocasión perdida para la revisión estructural del sistema de pensiones”, afirma Pilar González de Frutos, presidenta de la Asociación Empresarial del Seguro.
El texto trata de promover la implantación de esquemas de ahorro colectivos en todas las empresas de España. Para ello, recoge algunos incentivos en materia de cotizaciones sociales. Lamentablemente, dicho incentivos distan de ser relevantes. Los importes que resultan de la fórmula propuesta en el proyecto de ley son deducciones de la base de cotización, por lo que su efecto en los costes salariales es mucho menor. En opinión de la industria aseguradora, estas deducciones resultarán insuficientes para generalizar el ahorro en el ámbito de las relaciones laborales.
Los incentivos para las empresas que se contemplan en el texto que será debatido próximamente en el Congreso y el Senado son significativamente inferiores a los que existieron en el pasado. Si con aquellos incentivos la previsión social empresarial no se desarrolló más allá de algunas grandes empresas, lo previsible ahora es que la situación siga sin cambiar.
El proyecto de ley que inicia ahora su tramitación parlamentaria carece, además, del apoyo de todos los agentes sociales. En otras palabras, el texto de partida del Ejecutivo no cuenta con el respaldo de las partes que, una vez concluido el proceso legislativo, serán las encargadas de plasmar lo que fije la norma.
Por otra parte, UNESPA considera un error que se plantee el intento de generalizar en España la previsión social complementaria en el ámbito colectivo a costa de fagocitar el ahorro de los particulares para la jubilación. Antes de la elaboración del presente Proyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, se han aprobado dos leyes de Presupuestos Generales del Estado que han reducido de 8.000 euros a 1.500 euros la cantidad deducible por aportaciones a sistemas de previsión social. Estas dos leyes han cercenado la capacidad de los ciudadanos de preparar su jubilación a título particular antes de que el Proyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo les ofrezca una vía alternativa para ahorrar a través de instrumentos de carácter colectivo o laboral.
Los sistemas de empleo propuestos por el Gobierno tardarán lustros –tal vez, incluso décadas–, en alcanzar velocidad de crucero, pues su adopción queda sujeta a la negociación colectiva. Entre tanto, las aportaciones deducibles a sistemas individuales de ahorro se encontrarán limitadas a un máximo de 1.500 euros.
UNESPA comparte el deseo del Gobierno de promover el ahorro colectivo en España. Pero este ahorro necesita tiempo para echar a andar. Pasarán varios años hasta que todos los sectores y las empresas del país renueven sus respectivos convenios colectivos. Pero, incluso si deciden incorporar los esquemas de previsión social complementaria a la estructura retributiva en la próxima negociación en lugar de posponer la decisión, será necesario que transcurra cierto tiempo hasta que las aportaciones realizadas por empresarios y trabajadores a estos instrumentos de pensiones acumulen volúmenes de ahorro significativos.
Desde UNESPA se quiere subrayar que, en línea con las recomendaciones que realizan organismos de prestigio como la UE o la OCDE, un sistema de pensiones saludable consta de tres pilares. El primero, compuesto por la pensión pública. El segundo, formado por el ahorro colectivo o de empleo, que es el que aborda el proyecto de ley aprobado hoy. Y el tercero, el ahorro que a título particular realizan los ciudadanos y que han truncado las leyes de Presupuestos Generales del Estado de 2021 y 2022. Repartir la carga de las pensiones en tres pilares dota de solidez al sistema porque dichos pilares se complementan y refuerzan mutuamente. España necesita un sistema de previsión social que conste de tres pilares plenamente desarrollados. El texto acordado hoy en el Consejo de Ministros carece de la ambición para alcanzar esa meta.
