El Observatorio de la Morosidad de CEPYME está trabajando en propuestas para el régimen sancionador y modificaciones que contrarresten los efectos perjudiciales que algunos aspectos de la Ley Crea y Crece, tales como las sanciones incluidas en ella, puede tener sobre las pequeñas y medianas empresas.
La morosidad es un problema complejo y de enorme importancia para las pequeñas y medianas empresas españolas, que necesita de una vez por todas de un marco jurídico integral que ayude a resolverla.
En la última reunión del Observatorio de la Morosidad de CEPYME, presidido por Luis Collado, vicepresidente de CEPYME y presidente de AECIM, se evaluaron nuevas medidas para paliar las consecuencias negativas en las empresas de los cambios regulatorios incluidos en la ley, en especial en la nueva regulación sobre morosidad, y se decidió continuar trabajando en todas las vías posibles para lograr dichos objetivos, entre ellas la preparación de propuestas de modificaciones para dichas normativas.
La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) valora el esfuerzo del Gobierno al apostar por el crecimiento empresarial a través de la aprobación de la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas. No obstante, considera que la inclusión de determinadas sanciones como la pérdida de acceso a fondos europeos para empresas con morosidad o la indeterminación acerca de los procedimientos para llevar a cabo dichas sanciones puede resultar muy perjudicial para muchas pequeñas y medianas empresas.
Es imprescindible tener en cuenta la situación que atraviesan buena parte de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país que, tras estos dos años de crisis provocada por la COVID-19, han sufrido una importante caída de su actividad empresarial, un deterioro de sus balances y una pérdida de liquidez, que se ha visto agravada por la falta de compensaciones. En este sentido, CEPYME recuerda que España ha sido el país con mayor caída del PIB de la OCDE y uno de los países que ha registrado menos ayudas para las empresas.
Por ello, la Confederación considera imprescindible incorporar criterios de proporcionalidad y progresividad a las sanciones, que diferencien entre grandes empresas y pequeñas y medianas empresas, se establezcan grados de penalización según las cuantías y los plazos, así como que se establezca de forma clara en la ley el procedimiento y se tenga en cuenta la morosidad de las administraciones públicas, ya que en muchas ocasiones son el origen de la morosidad del sector privado que, al final, acaban sufriendo las pequeñas y medianas empresas.
Igualmente, CEPYME considera necesario incorporar medidas que incentiven a las empresas a mejorar sus periodos de pago por encima de lo establecido por la norma. Por otra parte, la generalización de la factura electrónica, si bien puede resultar un buen instrumento para controlar la morosidad, no se corresponde con las limitaciones digitales de las empresas y es imprescindible establecer nuevamente una mayor progresividad, así como ayudas, y no sanciones, para su implementación por parte de las empresas más pequeñas y los autónomos. No hay que olvidar que el 94,7% de las empresas españolas son microempresas (tienen menos de 10 trabajadores).
De forma paralela, es imprescindible apostar por medidas favorables de impulso a la competitividad y al crecimiento empresarial. Las dificultades de rentabilidad de las empresas en el actual contexto afectan a su viabilidad y a su crecimiento, por lo que favorecer la normalidad y el acceso a financiación llevará consigo una reducción de la morosidad, objetivo del Observatorio sobre Morosidad de CEPYME.
