El Observatorio de Morosidad de CEPYME se ha reunido con responsables del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, quienes han expuesto los detalles sobre la implementación de la factura electrónica.
La directora general de Política Económica, Elena Aparici, ha trasladado ante las organizaciones empresariales de pymes que componen el Observatorio detalles sobre las líneas de desarrollo reglamentario del bloque relativo a la factura electrónica incluido en la Ley Crea y Crece.
Las organizaciones integradas en el Observatorio de CEPYME han podido trasladar al ministerio preocupaciones en relación con la puesta en marcha de la factura electrónica, como las relativas a la protección de datos o el periodo de adaptación por el que tendrán que transitar las pymes, entre otras. El presidente del Observatorio de la Morosidad de CEPYME, Luis Collado, ha celebrado la dedicación y disposición del ministerio para desgranar los aspectos en que se pueda facilitar a las pymes la adaptación al pago electrónico.
El Observatorio de Morosidad de CEPYME considera que, para que la factura electrónica sea considerada como un instrumento positivo de cara a facilitar el control y el cumplimiento de los plazos de pago, es imprescindible diseñar de manera minuciosa su implantación y los sistemas de información, así como medidas de ayuda para lograr un funcionamiento sencillo en empresas y autónomos. No obstante, los representantes empresariales han manifestado que existen debilidades que no soluciona por sí sola la próxima implantación de la factura electrónica, como el desigual poder de negociación de las empresas según su tamaño o la morosidad del sector público.
Desde 2021, fecha de constitución de grupo de trabajo liderado por Luis Collado, CEPYME ha intensificado su interlocución con Bruselas respecto a un problema, como es el de la morosidad, que lastra a las empresas españolas. El Observatorio ha tratado con el ministerio aspectos sobre la revisión de la Directiva 2011/7/UE de Lucha contra la Morosidad.
En tal sentido, de cara a la revisión de la Directiva, CEPYME reclama que se agilice la tramitación de la nueva norma europea sobre morosidad, así como que se defina un plazo máximo de pago por parte de las empresas y las administraciones Públicas. No obstante, para la Confederación de la pequeña y mediana empresa es esencial que se concreten cuestiones como el modo de contabilizar la morosidad y su plazo de inicio con el fin de homogeneizar los criterios y dar más certidumbre.
A pesar de que la convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio puede suponer un freno a las prioridades establecidas para la Presidencia española del Consejo Europeo, desde CEPYME se considera prioritario acelerar la tramitación e intentar que se culmine antes de las elecciones al Parlamento Europeo.
Por otro lado, CEPYME estima que es necesario zanjar la morosidad de las Administraciones Públicas y evitar que ayudas a sectores más necesitados, como las facilidades para la industria gas intensiva, se traduzcan de forma directa o indirecta en aumentos de la morosidad.
