El número de empleos deberá crecer en 14,5 millones de aquí a 2050, pasando de los algo más de 18 millones a casi 33 millones de ocupados, para poder financiar las pensiones de los casi 15 millones de pensionistas que se prevén para mitad de siglo, según se desprende del estudio ‘Las pensiones en España’ realizado por el Consejo General de Economistas.
El estudio pone de relieve que para mantener unas pensiones similares a las actuales, se necesitan entorno a 2,4 empleos por pensionista, por lo que el número de empleos, para hacer frente al incremento de las pensiones, se deberá duplicar en 32 años.
Sin embargo, los datos de la Comisión Europea apuntan que entre 2020 y 2050, el empleo en España oscilará entre los 18,5 y los 19,5 millones, por debajo de los 33 millones necesarios. Por lo que, si se cumplen las proyecciones de la Comisión Europea, según el estudio, el déficit actual del sistema público de pensiones aumentará desde el 1,6% del PIB al 6,3% en 2050.
El autor del estudio, Guillem López-Casasnovas, ha asegurado que el trabajador promedio aporta actualmente para pensiones y otras prestaciones unos 5.700 euros, lo que implica, a su juicio, que para 2017 hubiesen hecho falta unos 3,3 millones más de empleos para que el déficit hubiese sido cero.
También ha destacado que para el conjunto de España se espera que el peso de los mayores de 60 años se doblará de aquí a 2040, por lo que el gasto público necesario para su bienestar pasará a representar el 33,1% del PIB.
Según ha destacado el autor, si se mantiene constante este gasto total, el incremento desplazará a las políticas públicas destinadas a otros colectivos desde el 68% actual a solo un 28%, mientras que, si se incrementa el gasto público de manera que no se produzca efecto de sustitución, solo por el efecto demográfico, la presión fiscal se situaría en el 57,2% en 2040.
Esta situación, si no va acompañada de un crecimiento de los impuestos y si todo el empuje se traslada al déficit, hará que España cuente en 2029 con un ‘stock’ de deuda que generará un «efecto bola de nieve» y que representará el 150% de su PIB.
ACABAR CON LAS PENSIONES DE VIUDEDAD
«La magnitud del problema es tan grande, que me parece muy atrevido dejarlo en sus manos», ha recalcado, tras asegurar que lo bueno sería que hubiese una entidad independiente de evaluación de las políticas públicas como la AIReF, pero «más musculada», para que alguien «lo mire de lejos» y dé soluciones.
De forma más concreta, López-Casasnovas ha asegurado que es el momento de poner finiquito a la pensión de viudedad, porque estaba pensada para otra época.
Durante la presentación del informe, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha afirmado que «no es el momento de caer en el desánimo, sino de actuar con urgencia». «Al igual que el miedo infundado a una quiebra puede hacer que los clientes retiren sus depósitos y que la entidad acabe quebrando de verdad, si damos por sentado que el sistema no tiene solución, acabaremos por hundirlo», añadió.
Bajo su punto de vista, el alarmismo da infelicidad y crea tensión innecesaria. «No sabemos exactamente lo que va a pasar mañana y está condicionado a muchas cosas, pero nadie puede afirmar que en los próximos años todo va a ser igual. Lo que pueda pasar mañana está muy condicionado a las decisiones que tomemos hoy», ha resaltado Pich.
Por su parte, Guillem López-Casasnovas ha asegurado que hay heterogeneidad en las respuestas de los expertos consultados, ya que mientras que unos ven necesario financiar las pensiones con impuestos, otros consideran que financiarlas de esta manera supondría romper con el principio de contributividad y que sería mejor plantearse un ajuste de las pensiones en función de las disponibilidades.
Así, en base a la diferencia de opiniones, López-Casasnovas cree que ciertamente hoy no hay en España una solución clara a la vista. «Se tratará de acompasar diversas medidas, ajustadas y ponderadas a casa situación, lo que requiere más debate técnico que diatriba política», ha apostillado.
Bajo su punto de vista, si no hay una mayor concienciación social y ciudadana de los efectos intergeneracionales de mantener la actual situación de las pensiones y de las consecuencias de algunas de las alternativas de reforma, «va a resultar imposible reorientar la deriva de inequidad contra las generaciones futuras a las que estamos abocados».
Asimismo, también ha asegurado que las pensiones se han de valorar desde el conjunto del gasto social y ha señalado que el problema de las pensiones y de la demografía en España es tal que ya no resulta manejable para comisiones como la que representa el Pacto de Toledo.
De su lado, el presidente de Economistas Asesores Laborales (AEL), Roberto Pereira, ha indicado que si ahora ya se están padeciendo los desajustes en el sistema, en la frontera de los próximos 20 años, la transformación que va a experimentar la pirámide demográfica de la población trabajadora y jubilada será «tremenda».
Así, Pereira ha señalado que el futuro de las pensiones y la sostenibilidad del sistema exige que se tomen medidas y se haga con el tiempo suficiente para que cada trabajador conozca anticipadamente a su jubilación cuáles son sus derechos y pueda complementar o planificar para no sufrir mermas de poder adquisitivo.
