El Ejecutivo ha aprobado un decreto con la normativa para el registro de jornada laboral que, entre otras novedades, obliga a las empresas al control y pago de las horas extras.
En la exposición de motivos, se justifica la implantación del registro como medida para combatir la precariedad laboral.
Según el Gobierno, estadísticas como la Encuesta de Población Activa (EPA) señalan que más de la mitad de los asalariados trabajan más de 40 horas a la semana y muchos de los contratados a jornada parcial decían que su jornada efectiva no coincidía con la declarada.
Además, cerca de la mitad de las personas que hacen horas extra declararon no cobrarlas, lo que no solo tiene el efecto de precarizar la situación laboral del trabajador, según el Ejecutivo, sino que también incide en las cuentas de la Seguridad Social, que no percibe las cotizaciones correspondientes por esas horas trabajadas.
Modificaciones y novedades
- Así, «la empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora», sin perjuicio de la flexibilidad horaria establecida en el Estatuto de los Trabajadores, del que se modifica su artículo 34 en su apartado séptimo, que especifica que el ministro de Trabajo es el encargado de poner esas normas, “previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas”.
- La empresa deberá conservar los registros durante cuatro años para que estén a disposición de los trabajadores, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- El decreto establece que para poner en marcha este registro será obligatoria la negociación colectiva, por lo que habrá de consultarse a comités de empresa y representantes de los trabajadores.
- El empresario será quien, en su defecto, organice y documente este registro para cada trabajador.
- Además, este decreto modifica la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Esto provocará que se incluya este registro de la jornada como motivo para que, en caso de que exista transgresión por parte de la empresa, esta sea considerada como sanción grave, que podrán ser multadas con cantidades comprendidas entre 626 y 6.250 euros.
Dos meses de plazo
Por último, el decreto entrará en vigor dos meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que se producirá en los próximos días.
En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha explicado que:.
«Hemos sopesado los pros y los contras de llevar un real decreto ley modificando los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012 (…) y hemos llegado a la conclusión de que no íbamos a contar con suficientes apoyos en la Comisión Permanente, tal y como hemos visto con el tema de las pensiones».
