Lo mejor que se puede decir de los notarios en el mundo rural es que existen. En un momento en el que se habla cada vez más de la España vaciada -y vemos cómo a muchas localidades se les está privando de servicios esenciales, con el perjuicio que conlleva para la población, especialmente la de mayor edad-, es digno de resaltar que la vocación de servicio público de los notarios hace que el acceso al mismo esté garantizado en todo el territorio nacional por encima de consideraciones de otra índole, como número de habitantes o rentabilidad económica.
Pero no sólo hay que destacar la proximidad, sino que esa cercanía se hace en igualdad de condiciones, sin que se pierda la calidad del servicio.
La obtención de una plaza de notario implica haber superado un sistema de oposición libre e igualitario que requiere duros años de estudio, lo que garantiza que todos los que ejercemos esta profesión tengamos la preparación y formación necesarias. A esto hay que añadir que el notariado lleva años realizando un gran esfuerzo para estar en la vanguardia tecnológica.
Son muchos los avances que se han implementado con el fin de mejorar y agilizar el servicio; a modo de ejemplo, mencionar la remisión telemática de copias, tanto entre los propios notarios, como a otros organismos (Ayuntamientos, Consejerías, Catastro, Administración de Justicia, Registros…); la constitución de sociedades telemáticamente, con ahorro de tiempo y costes; o la reciente iniciativa consistente en la posibilidad de incorporar la videoconferencia al proceso notarial. Pues bien, todas estas innovaciones se aplican, sin distinción, en todas las notarías de nuestro país.
La particularidad, por tanto, viene dada por el tipo de documentación con la que se trabaja. Hay operaciones que debido al entorno y sus necesidades son más comunes en el mundo rural que en una ciudad. Me gustaría hacer referencia, particularmente, a los expedientes de dominio en el ámbito inmobiliario. Algo a lo que tenemos que hacer frente en nuestro día a día es a la descoordinación que existe entre la realidad física y el registro de la propiedad, ya que la mayoría de las descripciones que figuran en el mismo se encuentran desactualizadas.
En nuestro país existen dos registros: el Catastro, que es un registro administrativo que contiene la representación gráfica de los inmuebles rústicos y urbanos, su titular y valor, y el Registro de la Propiedad, que tiene carácter jurídico y publica la titularidad de las fincas que resulta de los documentos públicos que se presentan en los mismos. La coordinación de ambos es un deseo que ha venido presidiendo las reformas legislativas de los últimos años y que tiene gran importancia para la actividad económica de muchos ciudadanos.
En la práctica, la descripción que se toma de base para, por ejemplo, realizar tasaciones, pedir préstamos hipotecarios, solicitar subvenciones u otorgar licencias para segregaciones es la catastral, por ser la que se ajusta a la realidad. Es en ese punto donde la intervención notarial es relevante pues, gracias a los expedientes de dominio que realizamos, se pueden hacer constar en el registro rectificaciones de cabida, o inmatricular fincas que no aparecían inscritas, consiguiendo así que el mismo refleje también la realidad.
A pesar de todo lo expuesto, para mí lo mejor de ejercer en un pueblo es que es muy enriquecedor a nivel personal, no sólo por la cercanía y el cariño que recibo de la gente, sino porque también me ha permitido conocer la idiosincrasia propia de diferentes lugares de nuestro país.
