El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, comparecerá en el Congreso el próximo miércoles 21 de abril para explicar los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional contra el proceso de regularización extraordinario de capitales de 2012, conocido como la amnistía fiscal.
Montoro acudirá a la Comisión de Hacienda y Función Pública el miércoles a las 17.30 horas, después de haber debatido con la oposición en el Pleno del Congreso. Sus explicaciones habían sido demandadas por prácticamente todos los grupos al conocerse el fallo del Alto Tribunal, que declaró inconstitucional la amnistía.
De hecho, este miércoles, pero unas horas antes, el Gobierno deberá responder en el Pleno del Congreso ante las preguntas de la oposición por esta anulación. El primero, su presidente, Mariano Rajoy, al que interpelará el portavoz socialista que designe la Ejecutiva del PSOE que se elegirá este fin de semana en su congreso federal.
TRES PREGUNTAS Y UNA INTERPELACIÓN
Por su parte, Montoro deberá responder al socialista Pedro Saura –«¿Qué efectos cree que tendrá en la conciencia fiscal de los españoles?»–, al ‘podemita’ Rafa Mayoral –«¿Tiene pensado renunciar a su cargo?»– y al ‘ciudadano’ Juan Carlos Girauta –«¿Cómo piensa reparar el perjuicio cansado?–.
Y, una vez concluida la ronda de preguntas al Gobierno, el ministro deberá enfrentarse a la interpelación urgente del diputado socialista Julián López Milla, que le exigirá las responsabilidades políticas que piensa asumir.
El PSOE ya ha anunciado que en la moción como consecuencia de esta interpelación forzará al Congreso a pronunciarse por la reprobación del ministro de Hacienda, una demanda que también está incluida en otra proposición no de ley registrada por los socialistas tras conocer la sentencia del Tribunal Constitucional.
El Pleno Tribunal Constitucional (TC) declaró de forma unánime la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal aprobada por el gobierno del PP en marzo de 2012 porque utilizó para ello el Decreto-Ley, lo que la propia Constitución prohíbe para este tipo de medidas, y califica lo ocurrido de «abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos».
En virtud del principio de seguridad jurídica, la decisión no afectará a las regularizaciones tributarias firmes que se realizaron al amparo de la norma anulada.
El titular de Hacienda aseguró esta semana que se sentía «concernido», pero no desautorizado por la decisión del Tribunal Constitucional sobre la anulación de la amnistía fiscal y justificó que se tomó esa medida por la situación límite de España en 2012: «Corresponde a decisiones del Gobierno que a nadie nos gusta tomar».
