Ya que la recaudación de este tributo alcanzó el año pasado los 64.000 millones de euros, lo que permitió garantizar la capacidad de hacer políticas sociales.
«No tienen razón los organismos internacionales cuando nos imponen subir el IVA en términos de recaudación. Les escucharemos, seguiremos intentando convencerles de que no tienen razón, pero es igual», ha manifestado Montoro durante la inauguración del IV ‘Foro Pensar (en) España: impuestos, gastos y déficit fiscal’, organizado por El Mundo y Expansión.
Montoro ha defendido que no hay que subir el IVA ni ningún otro tipo de este gravamen, tal y como recomiendan a España instituciones y organismos internacionales como la Comisión Europea, el FMI o la OCDE, sino que hay que plantear el futuro de otras figuras tributarias, aunque no ha detallado cuáles ni en qué términos. Asimismo, ha destacado que España no ha tenido «nunca» un Impuesto de Sociedades como el actual, con un tipo nominal del 25%, ni tampoco un IRPF como el existente en este momento.
El ministro ha reiterado que el déficit fiscal del año 2016, cuya cifra definitiva comunicará el Gobierno a Bruselas esta semana, se redujo por debajo del 4,6%, situándose en el 4,33% si se descuentan las ayudas financieras, lo que ha sido «perfectamente compatible» con un crecimiento económico del 3,2% y supone una disminución de cinco puntos desde el 9,3% de 2011.
De cara al déficit de 2017, Montoro ha apuntado que los PGE tienen que contemplar una bajada del déficit público hasta el 3,1%, algo que ve «completamente factible, alcanzable y conseguible» en un escenario económico «alto y positivo» con creación de empleo.
Eso sí, ha insistido en la importancia de seguir reduciendo el gasto público «en términos relativos, no absoluto», para que pierda peso en el conjunto del PIB, y seguir utilizando la recaudación fiscal e introduciendo estímulos en impuestos que favorezcan al crecimiento económico y la creación de empleo.
Además, se ha mostrado «optimista» sobre el futuro económico, porque «España está viviendo una recuperación económica posiblemente de las más sanas de su historia», gracias al superávit por cuenta corriente y a que «todo el crecimiento se está yendo a empleo», por lo que confía en que se puedan crear entre 400.000 y 500.000 empleos al año y poder alcanzar el objetivo de 20 millones de ocupados en 2020, lo que supondrá «dejar atrás el peor legado de la crisis económica, que ha sido la destrucción de empleo».
El titular de Hacienda ha hecho hincapié en la necesidad de reducir el endeudamiento del sector público, después de que el privado lo haya hecho en 430.000 millones de euros durante los años de crisis. «En términos globales la economía española ya ha desapalancado al sector privado y ahora es el momento de desapalancar al sector público, que es el que hace el registro de más del 99% de deuda», ha apuntado Montoro, quien ha insistido en que el Estado «no es una familia ni una empresa».
Igualmente, ha destacado que la reducción de déficit público ha ido acompañada de una disminución de más de 15.000 millones en gasto público, si bien el gasto social se ha incrementado hasta superar la cifra récord de 300.000 millones en 2016.
UNOS PGE PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DEL EMPLEO
A cuatro días de que el Consejo de Ministros presente y apruebe el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, Montoro ha mostrado la «convicción» de que «todos» los grupos van a coincidir en garantizar la recuperación económica, sostener la creación de empleo y facilitar la financiación para las comunidades autónomas y las corporaciones locales.
«¿Qué formación política, qué partido político, qué gobierno autonómico sería capaz de oponerse a la recuperación económica y la creación de empleo?», se ha preguntado Montoro, que ha hecho un llamamiento a la «responsabilidad» de los grupos políticos para que se pueda demostrar que «España tiene estabilidad política suficiente para que continúe la recuperación económica y la creación de empleo».
Así, ha dicho ver una «gran oportunidad» al hecho de que el Gobierno esté en minoría «porque está obligado a entenderse» y puede hacer «superar barreras que de otra manera siempre se van a entender como una imposición de una mayoría parlamentaria o de una ideología».
