La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha indicado que el denominado ‘dumping fiscal’ entre comunidades se produce debido a que los ingresos de algunas regiones como Madrid son «bastante superiores al resto», por lo que ha abogado por solventar esta «situación grave» que tendrá que «armonizar» el Ministerio de Hacienda «a nivel fiscal».
Montero, que ha compartido un encuentro con agentes económicos y sociales en el Palau de la Generalitat de Valencia, junto con el presidente de la comunidad, Ximo Puig, ha puesto como ejemplo de este ‘dumping fiscal’ el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, «que algunas empezaron a bajarlo y las vecinas hicieron lo propio». Como consecuencia, añadió, «se produce una suerte de ‘dumping’ o expolio a la baja».
Por otro lado, la ministra ha aconsejado a la Generalitat Valenciana que presente unos nuevos Presupuestos para 2020 en lugar de prorrogar los actuales, pues «es una obligación de todos los gobiernos» y no serían unas cuentas «a ciegas». El ‘president’, Ximo Puig, ha coincidido en que es la «voluntad inequívoca» del Consell.
«Siempre invito y aconsejo hacer Presupuestos, es la capacidad de repriorizar la capacidad de una comunidad autonómica de discutir necesidades y limitaciones», ha defendido Montero, si bien considera que «la autonomía pasa porque cada uno se plantee esa prioridad como entienda conveniente».
Precisamente, la titular de Hacienda ha sostenido que el Gobierno de Pedro Sánchez confía en convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordarlo «cuanto antes», tras las elecciones del 10 de noviembre, para lo que ha pedido el apoyo del resto de partidos en el Congreso. El objetivo es dar respuesta a las «tensiones de tesorería» de comunidades como la valenciana.
Montero ha agradecido la postura de la Generalitat de estar «a favor del interés general» y «a la avanzadilla» en la defensa de una financiación justa, con propuestas «especialmente innovadoras» por parte de la Conselleria de Hacienda, pues «gran parte de sus aspiraciones dependen de esa financiación».
De hecho, se ha comprometido a estudiar un documento que le ha remitido el responsable autonómico de Hacienda, Vicent Soler, con medidas «paliativas» de cara al cambio de financiación. Ha reconocido que el sistema actual es «especialmente duro» con la Comunidad Valenciana y parte del motivo de su infrafinanciación: «No es una opinión subjetiva, se ve en los datos desde 2009, siempre al final de la tabla».
SEGURIDAD SIN «ARBITRARIEDAD POLÍTICA»
La ministra ha apuntado como consecuencia el endeudamiento de la Generalitat, algo que «habrá que abordar en el nuevo modelo», al igual que la sostenibilidad de la deuda a medio y largo plazo. Su meta es que las CCAA tengan «capacidad de futuro con un colchón de seguridad. «Hablar de financiación es hablar del Estado del Bienestar, de España», ha indicado.
Pero, al mismo tiempo, «evitar la arbitrariedad política» y que ningún gobierno central tenga la «tentación» de entregar más o menos en función del partido de cada CCAA. «En ningún caso se puede justificar una diferencia de 800 euros per cápita entre la comunidad mejor y la peor financiada», ha enfatizado.
Dentro del nuevo modelo, ha apuntado que la población deberá tener un peso «indudable» en el reparto de fondos, como un criterio «objetivo y determinante», junto a otras variables: las ya actuales de insularidad, dispersión o envejecimiento y nuevas como el coste de la universidad o la tasa de paro.
COMPROMISO CON LAS INVERSIONES
En clave valenciana, se ha comprometido a incluir las inversiones que reclama la Comunitat en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) si el PSOE se mantiene en el Gobierno tras las elecciones. «Es nuestro compromiso y voluntad: un porcentaje de inversión que se asimile al 10%», ha garantizado previamente en el desayuno de Cadena SER en l’Oceanogràfic de València.
Entre las inversiones autonómicas ha resaltado la aportación para la condonación de la deuda del consorcio de La Marina de València «en 400 millones de euros» o la aportación para el transporte metropolitano, medidas que ha recordado que acordó con el ‘president’.
La responsable de Hacienda ha reconocido que «puede estar más que justificado» que el Consell incluya todos los años en sus cuentas la partida reivindicativa de 1.325 millones por la infrafinanciación. Lo ha achacado al «tratamiento especialmente lesivo y al diferencial de ingresos» del sistema actual.
En la misma línea, ha puesto en valor el plan de ajuste presupuestario que ha llevado la Generalitat por su situación financiera –«una menor recaudación de la que esperaba con un menor gasto, sin afectar las partidas sociales»–, desligándolo del concepto de recorte «asociado a un momento duro que hemos pasado en España». «A los ciudadanos se les pone la piel de gallina cuando hablamos de recortes», ha manifestado.
