En enero de 2018 secomenzó a aplicar la Segunda Directiva de Servicios de Pago (PSD2), que tiene como objetivo mejorar la innovación y reforzar la protección del consumidor y la seguridad de los pagos en Internet.
¿Cómo afronta el mercado FinTech europeo esta nueva regulación? La Autoridad Bancaria Europea (ABE) ha publicado un informe reciente en el que describe el mapa de FinTech del entorno comunitario.
El estudio comprende el análisis de más de 1.500 FinTech en la UE. Ello supone el 10% del total de estas empresas en el mundo, lo que sugiere que Europa debe aún progresar en este mercado para alcanzar una posición de liderazgo.
La ABE señala que la actividad principal de estas empresas es la prestación de servicios de pago, compensación y liquidación. Los servicios de crédito, depósitos y captación de capital se encuentran, de momento, en un segundo plano.
El informe refleja, asimismo, que el 31% de las empresas FinTech consideran que su innovación financiera se sustenta en la puesta en marcha de un canal de distribución puramente on-line. Sin embargo, el 13% argumenta que dicha innovación consiste en la provisión de servicios vía smartphone. Otras formas de distribución y producto, como el big data o el cloud computing (servicios en la nube) parecen necesitar de mayor desarrollo.
En cuanto al paraguas regulatorio, el estudio señala que el 31% de las FinTech no están sujetas a ninguna normativa nacional o de la UE y el 14% únicamente a la legislación nacional. La ABE pone de manifiesto la necesidad de hacer aplicable el marco legal para proteger a los consumidores.
Específicamente, de las empresas FinTech que no están sujetas a regulación, la ABE estima que el 33% realiza servicios de pago, el 20% de crédito, depósitos y captación de capital y el 11% servicios de inversión o asesoramiento.
Sin embargo, entre las FinTech que captan algún tipo de ahorro, el 89% de las mismas declara estar sujeta a un régimen regulador, ya sea de la UE (62%) o nacional (27%).
Se espera que la implantación de la PSD2 incremente la cobertura legal en todos los segmentos, principalmente en todos aquellos cuya actividad principal comprende medios de pago.
