Más de un centenar de países, entre los que se encuentran Estados Unidos o los Estados miembro de la Unión Europea, se encuentran actualmente divididos en cuanto a cómo gravar en un sistema económico cada vez más digitalizado, ya que algunos consideran imperativo actuar con rapidez y apoyan la introducción de medidas provisionales, mientras que otros se oponen al considerar que tales acciones generarían riesgos y consecuencias adversas.
Así se desprende del informe provisional sobre desafíos fiscales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que será presentado por el secretario general del organismo, Ángel Gurría, a los Ministros de Finanzas del G-20 en la reunión que tendrá lugar la semana que viene en Buenos Aires (Argentina).
En dicho informe, que se basa en el documento BEPS de 2015 para combatir las prácticas de elusión fiscal a nivel internacional, se incluye un análisis exhaustivo de los modelos económicos y de creación de valor derivados de la digitalización. Asimismo, identifica las diferentes posturas mantenidas por los países que condicionan sus enfoques sobre las posibles soluciones y concluye que «existen puntos de vista divergentes sobre cómo abordar el problema».
Según ha explicado la OCDE, los diferentes enfoques van desde aquellos países que consideran que no se requiere acción alguna, hasta los que consideran que se necesita una acción que tenga en cuenta las contribuciones de los usuarios, pasando por otros que consideran que cualquier modificación debería aplicarse al conjunto de la economía e identificando los posibles efectos colaterales adversos.
No obstante, los más de 100 países han acordado trabajar hacia una solución a largo plazo para 2020 y revisar así los conceptos fundamentales del sistema fiscal internacional. «La comunidad internacional ha dado hoy un importante paso hacia la resolución de los desafíos fiscales que plantea la digitalización de la economía», ha indicado Gurría.
«Hemos delineado la complejidad de los problemas y hemos puesto el acento sobre la importancia de buscar un acuerdo internacional, para nuestras economías y para el futuro del sistema normativo. La OCDE está lista para acompañar a los países en su búsqueda de una comprensión común de los desafíos fiscales de la digitalización de la economía, así como sus soluciones a largo plazo», ha añadido.
En el marco del proyecto de la OCDE y del G-20 sobre la erosión de la base imposible y del traslado de beneficios se desarrollaron una serie de estándares para combatir la doble no-imposición. «La implementación en los países del amplio paquete BEPS ya está teniendo impacto, con evidencia de que algunas multinacionales ya han modificado sus estructuras fiscales», ha explicado el organismo con sede en París. Estas medidas han aportado ya unos 3.000 millones de euros a los gobiernos de la UE.
