Expertos y think tanks consultados por Europa Press dan por hecho a estas alturas que en el futuro habrá que sufragar parte de las pensiones por la vía de los Presupuestos, aunque las opiniones sobre qué prestaciones cubrir y con qué impuestos soportar este gasto son diversas.
Dos datos han dado la voz de alarma en las últimas semanas sobre el riesgo de que el sistema de pensiones no sea sostenible en el medio y largo plazo.
Por un lado, los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que en 2015 las muertes superaron a los nacimientos por primera vez en España desde 1941, lo que muestra que el horizonte de un país en el que cada vez menos trabajadores tengan que soportar el gasto de cada vez más mayores ya está aquí.
Por otro, el Gobierno volvió a echar mano en junio del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para pagar la ‘extra’ de las pensiones, hasta un total de 8.700 millones y, pese a que desde el Ministerio de Empleo se siguen lanzando mensajes tranquilizadores, el titular de Economía en funciones, Luis de Guindos, ya ha avisado de que la ‘hucha de las pensiones’ se agotará si no hay crecimiento económico.
Las reformas de las pensiones de 2011 y 2013 vinieron a tratar de blindar la sostenibilidad del sistema, pero incluían de forma tácita que los ingresos por cotizaciones no serían suficientes para mantener los actuales niveles de las pensiones y que hacer sostenible el sistema pasaba por que los futuros jubilados cobraran menos.
En concreto, Funcas cree que la reforma del 2011 supondrá una rebaja media en la pensión vitalicia en torno al 20%, mientras la reforma del 2013 añadirá una pérdida adicional del 15% por la reducción de la pensión media nominal tras la jubilación.
Por eso, desde el sector público, así como desde las aseguradoras y los bancos, se ha llevado acabo en los últimos años una campaña de concienciación para que los ciudadanos empiecen a ahorrar para compensar en el futuro sus pensiones públicas con sistemas de previsión privados.
El propio Gobierno de Mariano Rajoy anunció que enviaría una carta anual a los mayores de 50 años para informarles de cuál sería su pensión en el momento de la jubilación por si querían empezar a ahorrar por otras vías. Esa carta, conocida como ‘sobre naranja’, no ha llegado a enviarse para enfado del sector asegurador.
Sin embargo, España está saliendo de una crisis en la que aún hay casi cuatro millones de parados y en la que muchos de los que tienen empleo han sufrido en sus carnes la moderación salarial o tienen empleos a tiempo parcial. Es decir, que meter dinero en un plan de pensiones se les hace cuesta arriba.
En este contexto, los portavoces parlamentarios en el Pacto de Toledo se pusieron como deberes para la próxima legislatura abrir el debate de las nuevas fuentes de financiación de la Seguridad Social en el Pacto de Toledo.
Una de la soluciones que se plantearon entonces fue la de pasar el pago de las llamadas pensiones no contributivas de muerte y supervivencia –orfandad, viudedad y en favor de familiares–, que actualmente sufraga la Seguridad Social, del ámbito contributivo a los Presupuestos y culminar así la separación de fuentes en el sistema, lo que ya es una forma de pagar las pensiones por la vía de los impuestos.
Sin embargo, el economista de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), José Ignacio Conde Ruiz, explica en declaraciones a Europa Press que ello solo subsanaría una cuarta parte del desfase que hay entre ingresos y gastos de la Seguridad Social.
El PSOE planteó en la campaña electoral de las elecciones del pasado 20 de diciembre la posibilidad de crear un impuesto especialmente destinado a sufragar parte de las pensiones de jubilación.
DEBATE SOBRE LAS PENSIONES
Desde entonces son muchas las voces que se han sumado a la propuesta de vincular pensiones e impuestos y dejar de cargar todo el peso del sistema sobre una cotizaciones, a todas luces insuficientes.
Desde la aseguradora Mapfre se indica que España no va a tener la capacidad de crear el empleo que se necesita para sufragar con cotizaciones las pensiones de los millones de jubilados que vienen. En este sentido, el BBVA Research estima que para sostener las pensiones del futuro habrá que alcanzar los 27 millones de cotizantes en 2027, unos 10 millones más que en la actualidad.
Por su parte, el economista jefe del Grupo BBVA, Jorge Sicilia, apuesta por separar completamente el debate de las cotizaciones y el de las pensiones, de forma que se puedan plantear rebajas de las cuotas que pagan las empresas, con la idea de crear márgenes con los que aumentar la contratación, sin condicionarlo al impacto que pueda tener sobre las pensiones.
La forma de hacerlo, indica, es, al mismo tiempo, abrir la puerta a financiar parte del sistema por la vía de impuestos más eficientes, como los indirectos. «Muchos países financian sus sistemas de pensiones con impuestos. Lo que hay que pensar es si bajar cotizaciones ayuda a la contratación», apunta.
Por su parte, el catedrático de la Universidad de Zaragoza e Investigador de Funcas Eduardo Bandrés considera que «no parece recomendable aumentar las cotizaciones sociales para pagar las pensiones, porque actúan como un impuesto sobre el trabajo y penalizan la creación de empleo».
«Los datos recientes de recaudación arrojan, a su vez, algunas dudas sobre la elasticidad de los ingresos por cotizaciones respecto al aumento del empleo y del número de cotizantes, tanto por la caída de los salarios como por las bonificaciones a la contratación», añade, para apostillar que «la conclusión es que habrá que completar las fuentes de ingresos de la Seguridad Social con impuestos».
Más concretamente, Bandrés apunta a la posibilidad de vincular parte de la recaudación de un IVA reformado a la financiación de las pensiones, en el marco de una reforma tributaria de alcance global que incremente los ingresos y su progresividad.
Además, Bandrés pone sobre la mesa la necesidad de evaluar las bonificaciones sobre la creación de empleo, que podrían perjudicar a los ingresos de la Seguridad Social, y estudiar una «generalización» de los planes de pensiones de empleo, que extendiese su aplicación a la gran mayoría de los trabajadores, promoviendo un marco legislativo que favorezca su implantación en el ámbito de la negociación colectiva.
Con todo, hay voces discordantes. Conde-Ruiz sigue rechazando que se paguen prestaciones contributivas como las pensiones de jubilación por la vía de los impuestos.
