Las organizaciones del sector comercial ANGED, CEC, ACOTEX, FECE y la de servicios de seguridad APROSER ven con preocupación el impacto que sobre la actividad comercial podría tener la limitación a 1.000 euros del pago en efectivo, como se ha propuesto en diversas enmiendas al Proyecto de Ley de lucha contra el fraude fiscal.
Como ya ha señalado el propio Banco Central Europeo, es una medida desproporcionada, que puede poner en cuestión el propio concepto de curso legal del dinero. Además, es totalmente inoportuna, ya que puede afectar directamente a la recuperación del consumo y la actividad de los sectores más golpeados por la crisis, como el comercio y el turismo.
En un dictamen de febrero de 2019, el Banco Central Europeo ya advertía a España de que imponer un límite de 1.000 euros al pago en efectivo, como medida de lucha contra el fraude, podía ser desproporcionado. Entre otras razones, el supervisor bancario recordaba que:
- “La posibilidad de pagar en efectivo sigue siendo muy importante para ciertos sectores sociales que, por diversas y legítimas razones, prefieren usar el efectivo en lugar de otros medios de pago”.
- “El efectivo también se aprecia en general como medio de pago porque es ampliamente aceptado y rápido y porque permite al pagador controlar sus gastos”.
- “Es el único medio de pago en dinero del banco central y a su valor nominal que no conlleva la posibilidad legal de cargar una comisión por su uso”.
- “No requiere una infraestructura funcional técnica y siempre puede usarse, lo cual es muy importante en caso de interrupción de los pagos electrónicos”
- “Facilita la integración en la economía del conjunto de la población, al permitirle liquidar de esta forman cualquier tipo de operación financiera”.
Así mismo, queremos llamar la atención sobre la experiencia europea al respecto, que demuestra que los límites existentes para pagos en efectivo en Francia (1.000 euros) no han logrado reducir la economía sumergida de forma significativa. Por el contrario, la inmensa mayoría de Estados de la Unión Europea no han establecido ninguna limitación. Así, países que carecen de límites para los pagos en efectivo como Alemania, Finlandia, o Austria, cuentan con niveles de economía sumergida muy reducidos.
En un momento de gran incertidumbre para la economía y desplome de la demanda, no parece razonable establecer barreras al consumo y costes adicionales de transacción, como los ocasionados por las comisiones del pago y posesión de tarjeta. En ese sentido, creemos que cualquier regulación que vaya en esa línea, debería adecuarse lo máximo posible a la realidad actual de nuestra estructura comercial y de distribución, en la que una inmensa mayoría de los consumidores continúa haciendo sus compras en metálico.
Desde las organizaciones empresariales compartimos el objetivo de la lucha contra el fraude fiscal en España. Sin embargo, parece desproporcionado implantar un límite tan bajo para las operaciones en efectivo, que limita la libertad de elección de medio de pago por parte del consumidor, y que prácticamente pone bajo sospecha a cualquier cliente que realice compras en el comercio. Por tanto, convendría actuar directamente sobre las fuentes del fraude y la economía sumergida, que son reconocibles, en lugar de presionar a los hogares y empresas con nuevos impuestos y trabas a su actividad.
