El Gobierno abordará «a lo largo del próximo mes de septiembre» la modificación de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres (LOTT) con el fin de solucionar el conflicto surgido entre el sector del taxi y el del vehículo de alquiler con conductor (VTC), informó el Ministerio de Fomento.
Con esta modificación, en la que el Ejecutivo empezará a trabajar este mes, se pretende dar una respuesta «de coexistencia y equilibrio» a los dos modos de transporte, según indicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Con este cambio en la Ley, el Ejecutivo podrá implementar la anunciada habilitación a las comunidades autónomas que lo deseen para que puedan gestionar el sector de VTC en sus territorios.
De esta forma, se les permitirá «imponer» a las empresas como Uber y Cabify «las condiciones que consideren adecuadas en el marco de su política de movilidad», según detalla Fomento.
Se trata de la medida que el ministro del ramo, José Luis Ábalos, convino en su reunión con las comunidades autónomas del pasado miércoles y la que permitió la desconvocatoria de la huelga que los taxistas de las grandes ciudades venían secundando desde hacía unos días.
No obstante, Fomento avanzó, sin aportar más detalles, que, en virtud de la reforma, también se incluirán en la Ley «otras medidas tendentes a corregir el desequilibrio» que actualmente registra la proporción entre VTC y taxi que precisamente fija este texto legal, la que establece un vehículo de las firmas como Uber por cada treinta taxis, una cuota actualmente sobrepasada.
La modificación de la Ley se «instrumentará a lo largo del próximo mes de septiembre», asegura Fomento, que ha presentado al Consejo de Ministros un informe sobre el marco jurídico de estos dos modos de transporte urbano y las propuestas de mejora para garantizar su convivencia.
LA VTC «GOZA DE MÁS FLEXIBILIDAD»
En el informe, Fomento «destaca» que, más allá del desequilibrio en el número de licencias, la actividad del taxi está «sujeta» a condicionamientos establecidos por normas locales y autonómicas, como son las tarifas obligatorias, los horarios, los calendarios y el estacionamiento en zonas reservadas, mientras que, de su lado, los VTC «han venido gozando desde el principio de un régimen mucho más flexible, más allá de la obligación de precontratar sus servicios».
Así, sugiere que esta diferencia será una de las cuestiones a tratar en el grupo de trabajo que también se acordó constituir en la reunión del miércoles. Su objetivo será «analizar e identificar aspectos susceptibles de modificación para mejorar la competitividad y competencia de los dos sectores».
REGISTRO A FINALES DE 2018
En tanto, Fomento espera tener lista a finales de este año, justo un año después de su aprobación por parte del anterior Gobierno, el registro público al que las VTC estarán obligadas a dar cuenta de sus servicios, con el fin de garantizar que cumplen lo fijado en la ley. En la actualidad, está en fase de desarrollo tecnológico.
Con la presentación de este informe, el Ejecutivo realizó la declaración de la voluntad del Gobierno para solventar el problema a la que Ábalos se comprometió en las reuniones mantenidas esta semana con taxistas, empresas de VTC y comunidades autónomas para atajar la huelga del taxi y buscar soluciones al conflicto.
