Las pequeñas y medianas empresas son las que más acusan el alza de los costes laborales derivada del aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) por su reducida estructura, su pequeña plantilla, su menor productividad e inferior aprovechamiento de las economías de escala.
La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) afecta directamente al 40% de las pequeñas y medianas empresas, porque las pymes son las compañías en las que el SMI representa un mayor porcentaje del salario medio, concretamente el 70,7%, como refleja el informe Repercusión de la Subida del SMI en la Pyme Española, elaborado por CEPYME. Es decir, cuatro de cada diez pymes han de subir sus salarios tras la actualización del SMI para 2023.
Por ello, desde CEPYME se considera que la subida del salario mínimo ha de ser acorde a las condiciones de la coyuntura que afrontan las pymes, que precisamente en estos momentos soportan el efecto de la inflación en sus suministros y provisiones, además del alza general de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Además, la subida de 80 euros mensuales en 14 pagas, hasta completar una nómina de 1.080 euros para el trabajador, supone para el empresario un desembolso de entre 1.654 y 1.734 euros mensuales, en función del tipo de cotización por accidentes laborales.
Si además se tiene en cuenta el absentismo, las bajas y los periodos vacacionales y días no laborables, el coste efectivo para el empresario de la subida del 8% en el SMI se dispara hasta los 2.000 euros mensuales por cada trabajador.
No en vano, hasta el propio informe de la Comisión Asesora sobre el SMI reconoce que con el nuevo incremento aumenta la probabilidad de pérdida de empleo entre un 7,8% y un 9%.
Según el servicio de estudios de CEPYME, el aumento del SMI desde 2018, del 47%, ha provocado la destrucción de 105.800 puestos de trabajo y evitado la creación de 150.400 empleos, minando en especial a los colectivos de más difícil inserción laboral: los activos de baja cualificación, jóvenes y mujeres.
