No recibir los pagos a tiempo supone un problema para cualquier compañía. Ser capaces de predecir los flujos de caja es fundamental para la salud financiera del tejido empresarial, pues posibilita la estabilidad financiera.
Sin embargo, la morosidad es una práctica extendida en nuestro país, y conlleva consecuencias especialmente negativas para las mycropymes. De hecho, el 53% de ellas reconoce verse obligado a aceptar plazos de cobro más largos de los establecidos, tal y como confirman los datos del Informe Europeo de Pagos elaborado por Intrum Justitia, compañía especializada en gestión del crédito en Europa. Una realidad que adquiere aún mayor trascendencia si se tiene en cuenta que, según el Directorio Central de Empresas (DIRCE), el 82,8% de las corporaciones españolas tienen dos o menos asalariados.
Esta tendencia tiene un impacto directo sobre la cuenta de resultados de estas empresas, pues se estima que puede suponer una pérdida económica equivalente al 1,9% de su facturación. Además, el informe pone de manifiesto otras consecuencias, como disminución de la liquidez -señalada por el 50% de las micropymes-, o los intereses adicionales, situación identificada en el 44% de los casos. Otros problemas igualmente relevantes son la pérdida de beneficio (40%) o, incluso, la amenaza para la supervivencia de la organización (30%).
Al ser preguntadas por las causas de estos retrasos, el 72% de las empresas aluden a las dificultades financieras de sus deudores, si bien también se observan otros motivos. Entre ellos, destaca que el 38% de las compañías apunta hacia un retraso intencional. El 30% señala también la falta de organización en los departamentos de administración, mientras que el 16%, las disputas relacionadas con los bienes o los servicios prestados.
La morosidad, además, conlleva una serie de daños asociados. Uno de los más evidentes es que deriva en un círculo vicioso en el que las compañías que cobran tarde se ven forzadas a su vez a realizar más tarde sus propios pagos. Es más, la mitad de este segmento empresarial (51%) reconoce pagar tarde de forma sistemática.
No obstante, también hay datos que animan a pensar en cierta estabilidad, puesto que el 68% de estos empresarios sostiene que el nivel de deuda se mantendrá en los próximos 12 meses. En los extremos de la balanza, el 8% opina que aumentará, mientras que el 13% mantiene que disminuirá.
El informe concreta, asimismo, algunas posibles soluciones para resolver el problema de los largos plazos de pago. En este sentido, destaca la introducción de una nueva legislación, medida propuesta por el 47% de los preguntados. Este dato viene a confirmar la necesidad de un cambio regulatorio en nuestro país más acorde con el mercado actual, una medida que tanto el Congreso como el Senado están promoviendo desde el pasado mes de junio.
Por otro lado, la introducción de medidas voluntarias es una opción considerada por el 27% de las mycropymes. La adopción de comportamientos que prevengan situaciones que puedan poner en riesgo la continuidad de una empresa es fundamental, una intención que puede materializarse en el apoyo de empresa especializada en recuperación de impagos, servicio que Intrum Justitia ofrece a las mycropymes a través de Segestion. “En España, es este segmento del tejido empresarial es el que más sufre las consecuencias de la morosidad, ya que su músculo financiero para hacer frente a esta situación es muy limitado y está más expuesto a tener que aceptar condiciones menos ventajosas en el cobro de sus facturas”, recuerda Juan Carlos González, portavoz de Intrum Justitia en España.
