La Unión Europea ha dado este lunes el último paso para poner en marcha un nuevo mecanismo para resolver las disputas surgidas entre Estados miembros en casos de doble imposición, que se dan cuando una misma renta o capital están gravados en diferentes países.
En concreto, los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) han aprobado sin discusión las características de este nuevo sistema, que pactaron en mayo y recibió el respaldo de la Eurocámara a principios de junio.
«El nuevo sistema es una gran mejora. Impulsará la inversión creando un entorno fiscal más favorable y reduciendo los costes para las empresas», ha destacado en un comunicado el ministro de Finanzas de Estonia, Toomas Toniste, que este semestre ostenta la presidencia de turno del Ecofin.
Los países del bloque comunitario dispondrán ahora de un periodo de casi dos años, hasta el 30 de junio de 2019, para transponer la directiva a la legislación nacional.
En concreto, el nuevo sistema se aplicará a las disputas notificadas después de esa fecha sobre cuestiones relacionadas con años fiscales que comiencen el 1 de enero de 2018 o más tarde. Los Estados miembros, no obstante, podrán acordar aplicar la normativa para casos de años fiscales anteriores.
Así, la nueva directiva establece mecanismos de resolución de disputas «obligatorios y vinculantes», con límites en el tiempo y la obligación de lograr resultados. El objetivo es garantizar un entorno fiscal en el que los gastos de conformidad para las empresas se reduzcan lo máximo posible.
El texto incluye un «procedimiento de mutuo acuerdo» que se iniciará cuando lo solicite el contribuyente. Los Estados miembros afectados tendrán dos años para lograr un acuerdo. Si no fuese posible comenzaría un procedimiento de arbitraje para resolver la disputa con un calendario específico».
En esos casos, un grupo asesor formado un grupo árbitros independientes y por dos representantes como máximo de cada país involucrado emitirá una opinión para eliminar la doble imposición que será vinculante para los países a menos que ellos acuerden una solución alternativa.
Entre las cuestiones acordadas en mayo por los ministros de Finanzas se encuentran los criterios para nombrar a estos árbitros independientes, que no podrán ejercer este puesto si son empleados de asesorías fiscales o se han dedicado de forma profesional a la asesoría fiscal. El presidente del panel tendrá que ser un juez salvo que los Estados acuerden lo contrario.
Además, los Veintiocho pactaron el alcance de la directiva, que finalmente incluirá «amplio» abanico de conflictos pero recoge la posibilidad de excluir del ámbito de este mecanismo aquellas disputas que no surgen por casos de doble imposición.
