La Secretaría General de la Seguridad Social plantea a la Comisión del Pacto de Toledo la necesidad de evitar la aplicación de reducciones de cotizaciones para no afectar a la sostenibilidad de las cuentas del sistema, tras admitir que mantiene una deuda con el Estado de unos 17.000 millones de euros desde los años 90 que debería regularizarse.
Así consta en el ‘Informe sobre el desarrollo del Pacto de Toledo 2011-2015’ que la Seguridad Social ha remitido al Congreso y que incluye un análisis de la veintena de recomendaciones que dicho órgano aprobó en 1995 y su grado de cumplimiento.
Según el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, el sistema de Seguridad Social sufre un problema de financiación «acuciante» por la caída del empleo y el aumento de las prestaciones, sobre todo a raíz de la crisis económica, por lo que la Secretaría de Estado considera que «en estos momentos, más que nunca, debiera extremarse el celo para asegurar la obtención de todos los ingresos posibles» para cubrir los compromisos de gasto.
CONDICIONAR LAS MEDIDAS AL EQUILIBRIO FINANCIERO
«Por tanto, las medidas de fomento (del empleo) que se establezcan en ningún caso debieran suponer un menoscabo para las arcas de la Seguridad Social ni reducir la cuantía que se precisa para el abono periódico de las prestaciones del sistema», continúa el documento, que aboga por «condicionar» las políticas de bonificaciones y exoneraciones de cotización al «mantenimiento del equilibrio financiero de las cuentas públicas».
Además, se advierte de que las reducciones de cuota «ponen en riesgo la cobertura de la financiación de las prestaciones y generan efectos negativos sobre el equilibrio presupuestario del sistema» por lo que se aboga por instrumentar futuras medidas para el fomento del empleo a través de bonificaciones.
«En caso contrario, se experimentaría una importante rebaja de los ingresos que aumentaría el déficit (del sistema) y reduciría la garantía de la cobertura para las prestaciones contributivas», añade el informe. Según el Ministerio de Hacienda, la Seguridad Social cerró 2015 con un 1,26% de déficit, el doble del objetivo del 0,6% pactado con Bruselas.
CUENTAS CUADRADAS PARA 2016
Pese a ello, la Seguridad Social asegura que su presupuesto para 2016 se presenta «formalmente equilibrado» entre gastos –que «mantienen su evolución a la baja»– e ingresos –en los que las cotizaciones sociales suponen un «ambicioso reto recaudatorio»–.
Respecto a la previsible evolución futura de las cuentas, el departamento que dirige Tomás Burgos espera que a corto plazo el gasto en pensiones mantenga un crecimiento del 2,8%, lo que «permitirá reducir el déficit» aprovechando el crecimiento del PIB. «A muy largo plazo, superado el impacto demográfico desfavorable, el gasto sobre PIB podría llegar a descender», añade.
Sin embargo, en ese horizonte presupuestario hay que tener en cuenta que aún no se ha dado cumplimiento a parte de la Recomendación número 1 del Pacto de Toledo, que ya en 1995 consideraba «inaplazable» actualizar el balance patrimonial entre el Estado y la Seguridad Social para «liquidar definitivamente» la deuda de 17.168 millones de euros existente «sin ocasionar daños irreparables en las cuentas públicas».
Una deuda que se deriva de los préstamos que el Estado concedió a la Seguridad Social entre 1992 y 1999 para abonar desfases de tesorería, obligaciones generales y, sobre todo, obligaciones pendientes del Insalud que, tal y como avanza Expansión, se derivaban en parte de insuficiencias de financiación de la Sanidad cuando todavía se cargaba a las cuentas de la Seguridad Social.
Además, el documento señala que se optó por préstamos en lugar de por transferencias de financiación «probablemente para no incrementar el déficit del Estado, por lo que «o bien no procedería su devolución o bien ésta sólo podría producirse cuando el Estado aportase las transferencias necesarias».
OTROS ASUNTOS
En cuanto al Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social, la Secretaría de Estado recuerda que el sistema voluntario de elección de bases lleva a que la mayoría de trabajadores por cuenta propia opten por las bases mínimas, lo que «ocasiona desequilibrios financieros».
Por eso, se aboga por «adecuar» las bases de cotización desde el inicio de su actividad a los rendimientos obtenidos y se desaconseja la adopción de un sistema de jubilación anticipada o parcial y/o un sistema de trabajo a tiempo parcial en el régimen de autónomos porque afectaría a la viabilidad económico-financiera del sistema.
La Seguridad Social también se congratula de la reducción de siete a dos meses del plazo de recaudación de deudas en vía ejecutiva entre 2012 y 2015, y aplaude que en ese mismo periodo se ha constatado un aumento de las resoluciones de incapacidad temporal (IT) positivas a partir de los 365 días, lo que significa que los trabajadores que llegan a ese punto de baja «tienen verdaderamente quebrantada su salud».
