La mayoría de los altos directivos españoles, el 81,25%, admite desconocer el régimen tributario de las retribuciones de los consejeros ejecutivos, según concluye el informe «Claves jurídicas de los consejeros ejecutivos de las sociedades mercantiles», desarrollado por la firma BDO Abogados.
El estudio muestra un conocimiento muy dispar entre los directivos encuestados sobre las diferentes cuestiones legales y sus consecuencias, tanto para los derechos del alto directivo (relación laboral especial) como para el consejero ejecutivo (relación mercantil).
«Un alto porcentaje de los directivos reconoce la pérdida de derechos de los máximos directivos derivada de sus promociones, lo que refleja un conocimiento creciente de las consecuencias negativas que a título individual comporta el aceptar una promoción a desempeñar funciones de consejero ejecutivo», señalan desde BDO Abogados.
A pesar de que la mayoría de los directivos consultados admite desconocer el régimen legal de las retribuciones de los consejeros ejecutivos, un 62,5% asegura tener conocimientos sobre la obligación de formalizar un contrato de consejero delegado o con facultades ejecutivas.
TRATAMIENTO TRIBUTARIO DE LAS RETRIBUCIONES
Los directivos encuestados admiten un mayor desconocimiento sobre el tratamiento tributario al que se encuentran sometidas las retribuciones de los máximos ejecutivos. Ocho de cada diez directivos desconoce los beneficios fiscales para las retribuciones satisfechas a los miembros del consejo de administración de una sociedad mercantil. «Hemos identificado que la práctica totalidad de los ejecutivos desconoce las fórmulas de retribución que pueden rebajar su factura fiscal», BDO Abogados.
Por otro lado, el estudio resalta que ocho de cada diez directivos conoce perfectamente el sistema vigente de exoneración de la responsabilidad penal de los máximos directivos y de la sociedad mercantil, mediante la implantación de una política interna de «compliance penal», lo que significa que la gran mayoría de las empresas españolas tienen consciencia de la importancia de implementar modelos de supervisión y control para evitar la responsabilidad penal de la sociedad.
