Luis de Guindos, ha apuntado a la Ley de crédito inmobiliario, la directiva MifidII y la reforma de los organismos reguladores como las próximas prioridades económicas en la agenda de Gobierno.
En concreto, ha destacado que la Ley de crédito inmobiliario, cuyo proyecto de ley será remitido a las Cortes en septiembre y posteriormente llevado al Consejo de Ministros, «no solo cumple con la trasposición de una directiva comunitaria sino también con un incremento de la transparencia».
En este sentido, ha señalado que esta ley sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial busca evitar que se repitan «problemas» como los que tuvieron lugar con el tema de las cláusulas suelo, al ampliar la información que el consumidor tiene derecho a recibir antes y después de la firma del contrato.
Por otro lado, De Guindos se ha referido a la reforma de la Ley del Mercado de Valores, que traspondrá la directiva MifidII y que se encuentra en consulta pública hasta el próximo 18 de septiembre. Según el ministro, se trata de una directiva «fundamental» para la comercialización de los productos financieros en España y supone «una revolución a favor del ahorrador».
Según el ministro, esta reforma persigue conseguir un sistema financiero «más seguro, responsable y transparente, con la protección del inversor como objetivo primordial».
El tercer proyecto prioritario del Gobierno que se abordará después de verano es la reforma de los organismos reguladores, con la vista puesta en perfeccionar su función supervisora y reforzar su «eficacia, coordinación e independencia», un tema que «ya está hablado con los grupos parlamentarios Ciudadanos, PSOE y PNV».
En paralelo, se modificará el sistema de nombramientos de las autoridades de regulación y supervisión para que sean más independientes y se garantice su idoneidad y profesionalidad.
Estos serían los tres puntos fundamentales en la agenda económica del Gobierno, al margen de «cuestiones habituales» como continuar con el proceso de mejora de la inversión en I+D+i en el sector industrial español, la digitalización de la industria y el impulso de la competitividad, entre otras, según ha detallado el titular de economía.
