La nueva Ley de Autónomos recoge parte de las inquietudes y preocupaciones históricas de los empresarios y profesionales autónomos, aunque la Administración sigue sin resolver sus problemas de falta de financiación, competencia desleal, elevada presión fiscal y el exceso de burocracia de la Administración Pública.
La Federación de Empresarios de La Rioja (FER), Organización Empresarial representativa en La Rioja de los empresarios y profesionales autónomos riojanos, valora de forma positiva la nueva Ley del Trabajo Autónomo, aprobada con el consenso de las formaciones políticas y gracias a las aportaciones y sugerencias de este colectivo, con el objetivo de avanzar en sus derechos y protección social.
La nueva Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo viene a satisfacer algunas de las principales inquietudes y preocupaciones que tradicionalmente han manifestado los autónomos, entre ellas mejoras de tipo fiscal, laboral y de la Seguridad Social que beneficiarán a todos los cotizantes en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
Sin embargo, todavía hay temas pendientes de este colectivo que no se han resuelto y que afectan de manera muy negativa a su actividad.
Uno de ellos es la falta de financiación, un aspecto imprescindible para que los negocios de los autónomo crezcan y se desarrollen. Otro asunto grave es el de la competencia desleal y la economía sumergida que defraudan a Hacienda y a la Seguridad Social, problema que daña muy directamente a los empresarios autónomos legalmente constituidos y responsables. Y finalmente, la excesiva burocracia de la Administración, que se eterniza en papeleos y trámites de gestiones que tienen que ser realizadas personalmente por el autónomo, desatendiendo su trabajo, especialmente por la excesiva presión fiscal a la que están sometidos y por la complejidad de las normativas que sería necesario simplificar
La FER y los empresarios autónomos riojanos consideran que aunque es necesario seguir avanzando en la equiparación de las prestaciones de estos empresarios y profesionales autónomos con el Régimen General de la Seguridad Social, la nueva legislación sí introduce afortunadamente casi una veintena de medidas demandadas, algunas de las cuales por su carácter económico deberán entrar en vigor el próximo año, al ser recogidas en los Presupuestos Generales del Estado para 2018.
En síntesis, se trata de medidas que avanzan considerablemente en los derechos de los empresarios autónomos, mejorando la calidad de su trabajo, la formación, la seguridad, la empleabilidad y jubilación o la agilización de trámites que, en definitiva, contribuirán a dotar a estos empresarios y profesionales de una mayor estabilidad en su trabajo y una importante la mejora de las condiciones de su actividad.
Entre otros aspectos importantes, la futura norma legal permitirá cuando entre en vigor la ampliación de la “tarifa plana” de seis meses a un año y ofrecerá la posibilidad de acceder a esta tarifa plana transcurridos tres años desde que la tuvieron la última vez.
La Ley favorecerá mantener las ayudas de cuotas sociales para los que continúen con la actividad, compatibilizar una tarifa plana con la contratación de personal, así como poder reducir los recargos por impagos de deuda.
Entre las ventajas fiscales, los autónomos podrán deducirse el 30% de los gastos de suministro de su vivienda cuando el domicilio de la empresa sea la propia vivienda del empresario autónomo.
Se contemplan igualmente facilidades para adaptar la cotización con la evolución del negocio o las devoluciones cuando hay exceso de cotización. En el caso de las jubilaciones, los autónomos podrán compatibilizar una pensión con el salario.
Otras medidas sociales que recoge la Ley son una tarifa plana para madres que vuelvan al trabajo o la suspensión de la cotización durante los periodos de maternidad y paternidad. Además, habrá exenciones del 100% por el cuidado de menores o dependientes y ayudas para la contratación de familiares.
Finalmente, la Ley de Autonómos aprobada ofrecerá una mayor protección ante los accidentes laborales in itinere.
En definitiva, un avance en los derechos, con medidas de mayor protección, estabilidad y seguridad para que la actividad del empresario y profesional autónomo se desarrolle en un marco más favorable y beneficie el crecimiento de su actividad.
