El Director General del Instituto de Estudios Económicos, Gregorio Izquierdo, ha presentado el informe ‘Libertad económica y libertad de empresa en España. Índice de Libertad Económica España 2020’, editado y adaptado para España por el IEE. Desde hace veintiséis años, la Fundación Heritage, de la mano de The Wall Street Journal, publica los resultados de este conocido índice obtenido a partir de información oficial de entidades institucionales y fuentes acreditadas.
El informe señala el libre ejercicio de la función empresarial como el principal motor de generación de riqueza de una sociedad, lo que tiene su reflejo en la creación de empleo y bienestar dentro de la misma. Por este motivo, el derecho a la libertad de empresa es una de las instituciones básicas sobre las que se asientan las sociedades más avanzadas. La libertad de empresa es un motor de prosperidad en sí misma, ya que permite a las empresas aprender, descubrir y satisfacer nuevas necesidades, al tiempo que se promueve la innovación en procesos y en resultados, así como la eficiencia a través de la competencia. La libertad de empresa no es antagónica a la justicia social sino todo lo contrario. No se puede repartir aquello que no se ha generado. La mayor justicia social es la oportunidad de generar el mayor empleo posible, y esto es fruto de un entorno que promueve la libertad de empresa.
La libertad de empresa va ligada inherentemente a una serie de principios que permiten su pleno ejercicio como son la seguridad jurídica, la garantía de la propiedad privada, el libre mercado, y la calidad del marco regulatorio. A estos cuatro principios habría que añadirle un quinto, que es el principio de flexibilidad, especialmente relevante en un contexto como el actual, donde se hace particularmente necesaria la capacidad de adaptación a un nuevo entorno complejo y cambiante.
La libertad económica está estrechamente vinculada al progreso económico y social, presentando una notable correlación con la renta per cápita de un país. Los países con mayor libertad económica muestran tasas de crecimiento a largo plazo superiores, así como mayores niveles de innovación. Además, la libertad económica también está muy correlacionada con otras variables que trascienden lo económico, pero que son muy relevantes en una sociedad avanzada, como son la calidad democrática, el respeto al medio ambiente, la reducción de la pobreza y el desarrollo humano.
Los resultados del Índice de Libertad Económica (ILE) para 2020 arrojan que el país con la economía más libre del mundo es Singapur, con 8,9 puntos (en una escala de 0 a 10, siendo 10 el valor máximo de libertad económica), seguido de Hong Kong y de Nueva Zelanda. En el extremo opuesto figuran Cuba, Corea del Norte, Venezuela y Bolivia. La nota media asignada por el ILE de los 180 países es de 6,2 puntos, ocupando España el puesto 58, uno menos que el año anterior.
Desde el Instituto de Estudios Económicos se ha analizado exhaustivamente el Índice para la economía española, evaluando sus resultados de 0 a 10. La nota para España ha sido de 6,7 puntos, ocupando el puesto 30 de los 37 países de la OCDE y el 21 de la UE-27, lo que la incluye en el segmento de economías moderadamente libres. Al estar en la zona media baja de la clasificación, España es superada por gran parte de los países desarrollados, muy distanciado de aquellos con un marco favorable para la libertad económica. El margen de mejora para España es grande. Respecto a la media de la UE, la libertad económica debería aumentar un mínimo de un 6%, mientras que el incremento debería ser de al menos el 9% para lograr los niveles del promedio de la OCDE. De igual forma, para homologarse con las mejores prácticas de nuestro entorno comparado, España tendría que mejorar un 26% en materia de libertad económica.
El IEE también ha analizado la evolución temporal en España del ILE, el cual ha registrado un incremento del 8,6% en los últimos 25 años, lo que muestra el escaso avance de la economía española para situarse como una economía más libre. El análisis refleja dos etapas. La primera (1995-2010), donde la apertura de los mercados y el tamaño del Estado se vieron condicionados por la incorporación de España a la UEM. Y la segunda fase (2010-2020), marcada por el impacto de la crisis financiera y de deuda que afectó a la economía española.
El ILE considera cuatro grandes categorías para valorar los atributos asociados a la libertad económica. La primera es el imperio de la ley, la cual evalúa los derechos de propiedad que en España es elevada (7,5 puntos), mientras que la efectividad judicial y la ausencia de corrupción poseen valoraciones reducidas con respecto a las economías más avanzadas, por la lentitud de los procesos y resoluciones judiciales y por la menor transparencia existente en la fuente de financiación de los partidos políticos. El segundo pilar aborda el tamaño del Estado, donde se valora el gasto público, con una nota de 4,8 puntos, siendo el peor dato de este bloque. También aquí se valora la fortaleza presupuestaria, que ocupa el puesto 35 sobre los 37 países de la OCDE y el último puesto de la UE, además de la carga impositiva, que se sitúa en el puesto 166 sobre los 180 países a nivel mundial. El tercer pilar es la eficiencia de la regulación, que incluye la libertad de empresa, la flexibilidad laboral y la libertad monetaria. La libertad de empresa indica una valoración media idéntica al ILE (6,7 puntos), pero cuando se observa su posición con respecto a los países de la OCDE (34/37) y UE (21/27) destaca su bajo nivel. Este mismo comportamiento se observa en el subcomponente de flexibilidad laboral, mientras que, por el contrario, la libertad monetaria presenta un registro notable. Y el último pilar es la apertura de los mercados que recoge la libertad comercial, la libertad de inversiones y la libertad financiera, subcomponentes que registran valoraciones elevadas (libertad comercial, 8,6 puntos; libertad de inversiones, 8,5 puntos; y libertad financiera, 7 puntos).
Estos datos muestran que la nota cosechada por España se beneficia al alza de las categorías que no dependen directamente de decisiones de políticas nacionales, sino que se subordinan a nuestra pertenencia a la UEM, ya que nuestros mejores registros se producen en el ámbito de la libertad monetaria, de la libertad comercial y de la libertad de inversiones. Por el contrario, las peores notas corresponden a las áreas que dependen directamente de nuestras decisiones domésticas en materia de política económica, como son el gasto público y la efectividad judicial, que guardan una estrecha relación con la Administración Pública. En este sentido, la cuestión de la consolidación fiscal resulta especialmente relevante porque puede lastrar a otros ámbitos de libertad económica, como se refleja, por ejemplo, en la mala calificación que obtiene España en el apartado de carga fiscal.
El informe del IEE compara la posición y la evolución de la libertad de empresa en España con respecto al resto de las economías avanzadas, encontrándose en una posición desfavorable en este ámbito y ampliándose las distancias que se habían registrado en el ámbito de la libertad económica. En particular, con respecto a la media de la OCDE, la libertad de empresa se sitúa algo más de 13 puntos porcentuales por debajo de dicho registro, casi 7,5 puntos porcentuales con respecto a la media de la UE. Así mismo, nuestra economía ha protagonizado una de las peores evoluciones, siendo uno de los países que más ha retrocedido en el ámbito de la libertad de empresa con respecto al promedio. Un dato a destacar para entender nuestro mal desempeño en el ámbito de la libertad de empresa es que España es, de entre los países del sur, la economía con menor libertad de empresa.
En conclusión, el ILE señala que España ocupa una posición baja respecto al ranking global, con un resultado aún peor que en el curso anterior. Nuestra mala evolución en el ILE está muy vinculada con el deterioro de la libertad de empresa, así como con nuestro elevado gasto público. Por todo ello, el ILE pone de manifiesto la importancia de favorecer y desarrollar reformas estructurales orientadas a facilitar y flexibilizar la operativa de los mercados y, dada la reciente evolución del índice en la economía española, es esencial que el impulso de estas reformas se centre en aquellos aspectos donde la calificación obtenida es relativamente baja en comparación con nuestros principales competidores.
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