El presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, José Luis Groba, ha asegurado que Cataluña «no tiene la estructura suficiente» para recaudar sus propios impuestos, ya que la Agencia Tributaria estatal en la comunidad tiene unos 4.000 efectivos y Cataluña «no tiene ni 800», por lo que ha precisado que es «imposible» que recauden los impuestos estatales en la comunidad.
«En el ámbito público, dominado por el Gobierno, en ese caso puede forzar que el ingreso se haga en las arcas de la Generalitat, pero en el ámbito privado dudo que una empresa pague a la Agencia Tributaria catalana cuando sabe que su obligación es con la estatal», ha explicado.
Durante la celebración del Congreso de los Inspectores en Sevilla, Groba ha llamado la atención sobre «las grandes dificultades» a las que se enfrentan los funcionarios en Cataluña. «El mero hecho de ir a trabajar ya supone un sobreesfuerzo. En ocasiones, las sedes de trabajo están cercadas, vigiladas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, patrullando incluso con metralletas», ha apuntado. Además, ha advertido del «cuestionamiento» de la autoridad de estos funcionarios del Estado en Cataluña, lo que «dificulta llevar a cabo nuestra labor».
«El año pasado en el acto de clausura ya avisamos de que venían peligros. Ahora mismo hemos llegado a los acantilados y los compañeros de Cataluña son la avanzadilla. Estamos ante una problemática que habrá que resolverse, no se puede seguir esta dualidad entre una legalidad estatal y una pseudolegalidad autonómica, que no es legal», ha señalado.
Por su parte, el director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Santiago Menéndez Menéndez, ha querido enviar este viernes «un especial cariño» a los compañeros funcionarios que desarrollan su labor en Cataluña y ha destacado la «fuerte» democracia con que cuenta España.
En su intervención en el XXVII Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, Menéndez ha valorado el trabajo de los inspectores de Hacienda, unos profesionales altamente cualificados, que llevan a cabo «una función desde el punto de vista social muy importante».
«Es lo que garantiza que podamos disfrutar de una economía del bienestar en un país desarrollado como es España, a través de un estado de derecho y con una democracia que está demostrado es fuerte. Estoy convencido de que va a solventar cualquier problema que se le pueda plantear», ha subrayado.