El Pleno del Consejo Económico y Social (CES) aprobó hace unos días, por una amplia mayoría de 47 votos a favor y una abstención, el informe a iniciativa propia sobre Nuevos hábitos de consumo, cambios sociales y tecnológicos. La rapidez y la diversidad de las transformaciones que vienen experimentando las pautas, objetos, formas y lugares de consumo justifican la elaboración de este informe por parte del CES.
El estudio analiza la evolución que el consumo ha registrado durante la crisis, con profundos cambios en los hábitos y en la estructura del propio consumo. El CES concluye que el descenso de la renta disponible de los hogares habría provocado una revisión de las prioridades de gasto de las economías domésticas, traduciéndose en importantes cambios en la estructura del consumo, aunque no todos los hogares se han comportado de la misma manera.
La situación ha generado ciertas tendencias, como la búsqueda de precios más ajustados o la revisión de la utilidad de los bienes, de modo que cada bien pueda multiplicar el número de usos que brinda a lo largo de su vida. Asimismo, han ido emergiendo valores como otras formas de consumo gracias a la extensión de las comunicaciones digitales, lo que ha hecho posible nuevas formas de socialización, es decir, las redes sociales, que son la base de estas nuevas modalidades de consumo.
A pesar de que la penetración de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los hogares ha sido muy rápida, el informe apunta que en España se siguen observando diferencias considerables entre distintos segmentos: alrededor de una quinta parte de la población adulta no usa Internet y una tercera parte de los que lo hacen o bien no poseen habilidades digitales o bien sus conocimientos son muy bajos.
En lo que se refiere a la introducción del comercio electrónico en nuestro país, el CES considera que su implantación es bastante inferior que en los principales socios comunitarios y remarca que sigue siendo un reto salvaguardar los derechos de los consumidores en cuanto a problemas y seguridad en Internet.
Por otro lado, el comercio a través de Internet ha allanado el terreno para el desarrollo de nuevas prácticas de consumo en el marco de la denominada economía colaborativa.España, al igual que la mayoría de los países europeos, no cuenta con una regulación específica de carácter transversal, sino que su actividad discurre en el marco de una serie de normas anteriores a la aparición de la economía colaborativa.
Esto plantea la necesidad de que se aborde una revisión de la regulación en vigor, a la luz de los cambios acaecidos en la realidad económica. Permanece abierto el debate acerca de la necesidad, el sentido o la orientación que debería presidir esa adaptación de la normativa en vigor para que tuvieran mejor cabida en ella los nuevos modelos de economía o consumo colaborativo.
A la vista de las orientaciones de la Comisión Europea a través de su Agenda Europea para los reguladores nacionales de la economía colaborativa, es de esperar que en España se propicie una reflexión en profundidad sobre esta cuestión desde los poderes públicos, conducente a una solución satisfactoria que se adapte a la realidad de nuestro país.
Otro de los puntos a destacar en el informe es el futuro de los medios de pago a través de las tecnologías móviles. Un 84% del número de transacciones en España se realizan en efectivo, muy por encima de los países de su entorno, pero el método de pago que más confianza inspira es la transferencia bancaria.
El estudio recalca que la aparición de nuevos operadores para pagos inmediatos sin comisiones, como Bizum o Ealia, ha generado un desafío para la regulación ya que hasta ahora era el sistema bancario el que llevaba a cabo la provisión de estos servicios y, su regulación se encontraba integrada en la normativa bancaria. El CES estima conveniente garantizar condiciones operativas equivalentes para los operadores.
El informe considera que a la hora de analizar la transición hacia una economía sin efectivo se debe tener en cuenta el posible riesgo de exclusión social que podría implicar la desaparición total de los billetes y las monedas para aquellos colectivos que, por motivos de edad, nivel formativo u otras razones, no han incorporado los nuevos medios de pago a su vida cotidiana.
