El presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa, y su director general, Gregorio Izquierdo, han presentado el Informe semestral de Coyuntura Económica titulado “La incertidumbre política aumenta el riesgo de desaceleración de la economía española”.
El informe señala que a pesar de una cierta persistencia de la inflación y del endurecimiento de la política monetaria, la economía mundial se ha comportado mejor de lo esperado en el periodo reciente, lo que ha llevado a una ligera revisión al alza del crecimiento estimado para el presente año. No obstante, el endurecimiento de la política monetaria podría dar como resultado una recuperación más moderada para 2024.
En este contexto, la economía española ha mostrado un comportamiento favorable tanto en términos de crecimiento como de evolución de los precios desde finales del pasado año, mejorando las previsiones realizadas para el conjunto de 2023. Esta positiva evolución ha sido consecuencia de la disminución del coste de las materias primas, de la recuperación del turismo, del buen comportamiento de las exportaciones de bienes y servicios, así como de la fortaleza del mercado laboral.
Ahora bien, el impacto de la subida de tipos sobre las rentas de los agentes económicos, así como otros factores de vulnerabilidad de la economía española, introducen un sesgo a la baja sobre el crecimiento económico que, desacelerará sensiblemente en la segunda parte del año y presentará un crecimiento más moderado en 2024.
Por ello, nuestras previsiones para la economía española estiman un crecimiento del 2,2% de media para 2023, tras la revisión al alza que llevó a cabo el INE de la parte final de 2022 y del primer trimestre del presente año. No obstante, hay que distinguir dos etapas; una, la primera mitad de año, que se ha caracterizado por un imprevisto mayor dinamismo; y una segunda parte, para la que se prevé una clara desaceleración, donde el crecimiento de la actividad podría estar prácticamente estancado y que va a condicionar el escenario de 2024, año en el cual se anticipa un avance del PIB del 1,5%.
Por su parte, el mercado laboral ha mostrado un comportamiento positivo en los primeros meses del año. Si bien, en los últimos meses está perdiendo dinamismo y se prevé que en la segunda mitad del año prosiga la desaceleración en la creación de empleo. De prolongarse esta situación en 2024, las variaciones de la ocupación serán insuficientes para reducir sensiblemente nuestra elevada tasa de paro. Según nuestras previsiones, el aumento de la ocupación se estima en torno al 2% para 2023, mientras que en 2024 dicha tasa podría ser del 1,1%. En este sentido, la tasa de paro se mantendría relativamente estable en ambos ejercicios (12,4% en 2023 y 12,2% en 2024).
La inflación será la variable macroeconómica de mayor seguimiento, sobre todo en su componente subyacente. Así, según las previsiones del IEE, el IPC general podría disminuir por debajo del 4%, en media, en el presente ejercicio, y acercarse al entorno del 3% en 2024. En cambio, el IPC subyacente podría superar, en media del año, el 6% en 2023, para converger al nivel de la inflación general (3%) en 2024.
Con respecto el sector exterior, se prevé que continúe el superávit por cuenta corriente, aunque su saldo, en porcentaje del PIB, será inferior al 1% durante el periodo 2023 y 2024. Con todo, es imprescindible que la economía española siga manteniendo un excedente por cuenta corriente que compense los elevados niveles de deuda externa neta que aún mantiene y que se situaban en el 60,5% del PIB a finales de 2022.
De esta forma, los desequilibrios macroeconómicos de mayor magnitud son el déficit y la deuda del sector público. El saldo de las cuentas públicas en 2023 podría situarse en el -4,3% del PIB y, si no se produce un cambio de orientación de la política presupuestaria y fiscal, se prevé un déficit público del -3,8% en 2024. Mientras, la deuda pública se mantiene en el primer trimestre del año próxima al 113% del PIB. Además, hay que tener en cuenta que, previsiblemente, para 2024 entre en vigor las nuevas reglas de política fiscal, lo que implica que España tendría que hacer un esfuerzo de reducción del saldo presupuestario mayor que otros países europeos (el déficit de la eurozona se situó en el -3,6% del PIB frente al -4,8% España en 2022).
La necesidad de reforzar la competitividad
La economía española presenta determinados desajustes estructurales, algunos agravados especialmente durante la última legislatura, que comprometen su capacidad para poder sustentar tasas notables de crecimiento de la actividad y del empleo en el medio y largo plazo. En particular, la deficiente evolución de la productividad ha determinado un reducido impulso de nuestro crecimiento potencial, que se está traduciendo en un deterioro de nuestra renta per cápita y, por lo tanto, del proceso de convergencia de nuestra economía con el resto de las economías avanzadas de nuestro entorno.
En este sentido, es necesario acometer reformas estructurales que mejoren el crecimiento potencial de la economía española, teniendo como prioridad el aumento de la productividad. Además, es fundamental impulsar medidas que favorezcan el desarrollo de la actividad y de la inversión empresarial. Para ello, es muy relevante fortalecer los aspectos que inciden sobre el crecimiento y la competitividad de las empresas, no solo en lo relativo a impulsar su productividad, sino también teniendo en cuenta las características de la estructura y de la evolución de la dimensión empresarial, factores que afectan a la capacidad de resiliencia del conjunto de la economía ante shocks adversos del ciclo de la actividad.
Cualquier política económica que contribuya a aumentar la competitividad debe tener como objetivo estratégico prioritario la consecución y el mantenimiento de un entorno macroeconómico favorable. Para ello, las empresas necesitan de un marco institucional y regulatorio que sea estable y predecible, garantizando la libertad de empresa, la propiedad privada, la seguridad jurídica y la calidad regulatoria. Este entorno impulsa la materialización de inversiones en aquellas actividades que generan mayores retornos en el medio y largo plazo, es decir, las que sustentan el aumento de la productividad y del potencial de crecimiento económico.
Las finanzas públicas
Durante la última legislatura, la evolución de los recursos y empleos de las cuentas públicas se ha visto afectada por la adopción de una serie de medidas puntuales quehan deteriorado estructuralmente nuestras finanzas públicas. Por ello, la política fiscal se enfrenta al reto de ajustar el componente del déficit estructural y el elevadísimo endeudamiento no sólo conforme con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad comunitarios, sino con el fin de afrontar los desafíos que, desde el punto de vista demográfico, energético, climático y de transformación digital, requiere nuestra economía, todo ello sin que se resienta nuestro sistema de bienestar.
Es necesario y urgente la programación de un proceso de ajuste presupuestario a través de un plan plurianual que consolide nuestras finanzas públicas, principalmente por la vía del gasto, y restaurar y reforzar, a su vez, todos aquellos mecanismos que mejoren las condiciones del medio en el que operan las empresas.
Por el lado de los ingresos, el incremento de la recaudación tributaria debería basarse en el aumento de las bases imponibles, fomentando el crecimiento económico, que es la verdadera palanca de la redistribución, y en la lucha contra el fraude fiscal. La mejor manera de incrementar la recaudación tributaria es recuperar la actividad económica perdida; sin incrementar la presión fiscal a los contribuyentes y a las empresas. Las subidas de impuestos se apartan del diseño de un sistema fiscal óptimo, que favorezca el crecimiento económico.
Adicionalmente, por el lado de los gastos, la mejora de la eficiencia del gasto público es la variable clave que debe contemplarse a la hora de planificar la necesaria consolidación fiscal a medio plazo que requiere la economía española, ya que, a diferencia de una política de aumento de la presión fiscal, no resulta dañina para la actividad económica. Un uso eficiente de los recursos públicos tiene repercusiones no solo sobre el resultado de las cuentas públicas, sino que está ligado con la competitividad de una economía, puesto que mejora la transparencia y, por lo tanto, la eficiencia de la gestión pública. Además, aflora la economía sumergida, disminuyendo así el esfuerzo fiscal, con lo que permite aumentar la renta per cápita, al mejorar la productividad y el crecimiento potencial de la economía. Adicionalmente, una mayor transparencia por parte de los Gobiernos en la gestión pública y en la rendición de cuentas contribuye a una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Mayor incertidumbre tras los resultados electorales
El resultado de las elecciones dificulta la formación de Gobierno y genera un escenario de incertidumbre política que aumenta el riesgo de desaceleración de la economía española. El aumento de la incertidumbre influye negativamente en las decisiones y en la actividad, lo que, de mantenerse en el tiempo, puede conllevar un freno adicional a los proyectos de inversión y al empleo. La incertidumbre eleva las primas de riesgo de la economía española, lo que perjudica tanto al coste de capital de las empresas como al coste de la deuda pública, ya que los mercados financieros y los inversores, en un contexto de mayor riesgo, tienden a exigir una mayor rentabilidad, lo que resulta fundamental en un país como España con un importante volumen de deuda externa.
Un contratiempo añadido es el aumento de las dificultades para acometer la inevitable consolidación presupuestaria que se nos está exigiendo desde Europa. De hecho, los Presupuestos Generales del Estado para 2024 se van a poder aprobar, en el mejor de los casos, con un fuerte retraso, y si se volvieran a incorporar subidas adicionales de impuestos, las expectativas y la desconfianza de los agentes se podría agravar aún más. De igual forma, la ausencia de mayorías claras de Gobierno dificulta la implementación de las reformas estructurales necesarias para aumentar la competitividad, la productividad y el crecimiento potencial de la economía española, dado que normalmente estas reformas solo se acometen por parte de los Gobiernos con una cierta estabilidad, que les permita, en el tiempo, poder capitalizar sus incuestionables efectos benéficos a medio y largo plazo.
El problema de fondo es que la economía española se enfrenta a una coyuntura de corto plazo de incipiente ralentización económica, consecuencia, entre otros factores, del endurecimiento de la política monetaria y de las subidas de impuestos y costes de los últimos años. Esta desaceleración se puede intensificar en un contexto político de claro riesgo de inacción a corto plazo, con el consiguiente incremento de la incertidumbre económica. Sin embargo, lo que nuestra economía necesita es una mayor estabilidad y predictibilidad de la política económica, que se centre en crear un clima más favorable a las empresas y a sus procesos de inversión y creación de empleo, que son las palancas fundamentales para poder estabilizar y revertir el deterioro económico que se avecina en los próximos trimestres.
