Según la OCDE, España es uno de los países desarrollados que presenta un menor apoyo público a la I+D del sector privado en relación a su PIB (ocupa la posición 22 sobre un total de 39 economías, las 35 de la OCDE y sus 4 países asociados).
Esta posición es fruto tanto de su menor apoyo directo (a través de concesión de subvenciones, compra de servicios de I+D, etc.) como, sobre todo, de su menor apoyo indirecto (mediante créditos, deducciones, o condiciones fiscales más beneficiosas para las empresas) a la I+D+i empresarial, según el Informe Cotec 2018.
Precisamente, los incentivos fiscales a la I+D se han convertido en una herramienta de importancia creciente para promover la I+D empresarial desde las Administraciones Públicas. Prueba de ello es que, en 2017, un total de 30 de los 35 países de la OCDE concedieron un trato fiscal preferencial a la inversión en I+D de las empresas, 14 más que en el año 2000.
Uno de los mejores esquemas de incentivos fiscales
De acuerdo con el informe de la OCDE «R&D Tax Incentive Indicators 2017», España cuenta con uno de los mejores esquemas de incentivos fiscales, junto con Francia y Portugal. Sin embargo, la capacidad en la práctica de este conjunto de instrumentos fiscales para incentivar la I+D+i privada es, en nuestro país, significativamente inferior que en nuestros dos países vecinos. En concreto, el apoyo vía incentivos fiscales (0,03% del PIB) es tres veces menor que en Portugal (0,10% del PIB), y diez veces menor que en Francia (0,27% del PIB). Estos dos países han incrementado de manera muy notable sus presupuestos de incentivos fiscales desde el cambio de siglo, y ello ha contribuido a elevar la participación del sector privado en la I+D.
Diferentes y divergentes criterios
La deducción por I+D+i es la única del sistema tributario español que requiere de diferentes herramientas para dotar de seguridad jurídica su aplicación. El Real Decreto 1432/2003 establece la posibilidad de solicitar el informe motivado vinculante al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, consulta vinculante a la Dirección General de Tributos, o acuerdo previo de valoración de gastos a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. La tramitación de informes motivados se apoya en los certificados emitidos por entidad acreditada por ENAC, peritaje válido como carga de prueba en derecho, y único en derecho comparado para la acreditación de este tipo de incentivos en el marco de la OCDE.
A pesar de ello, existen divergencias de criterio entre las diferentes administraciones (MINECO, DGT, AEAT), que dañan la percepción de seguridad jurídica, aumentan la litigiosidad y desincentivan la inversión en I+D+i. Estas divergencias se han mostrado de manera especialmente notable en el ámbito del software.
En los últimos años se observa un aumento sustancial de las solicitudes de informes motivados por parte de las empresas (pasando de 298 solicitudes en 2004 a 7.466 en 2017). Debe destacarse que el 61% de las mismas procede de pymes. Igualmente, se ha incrementado el interés por parte de las empresas de menor dimensión por la posibilidad de monetizar las deducciones fiscales por I+D+i (artículo 39.2 de la ley del Impuesto de Sociedades). En 2015 (último dato disponible) se han destinado 53 millones de euros a este concepto, lo que supone un incremento del 20% respecto de 2014. También en este caso las pymes están haciendo en uso particularmente intenso del instrumento (70% del total).
Situación coyuntural
No obstante, en términos agregados, en 2015 se produce una caída importante en relación a las deducciones fiscales por I+D+i aplicadas en el impuesto sobre sociedades, según la información publicada por parte de la Agencia Tributaria. Este retroceso se concentra principalmente en las grandes empresas que, tras registrar unos niveles de deducción aplicada muy estables en torno a los 220 millones de euros entre 2012 y 2014, retroceden hasta los 97 millones de euros en 2015.
Los sectores financiero y TIC son aquellos en los que en mayor medida se manifiesta esta caída. Habrá que estar muy pendientes de los datos correspondientes a ejercicios posteriores para poder determinar si esta situación es coyuntural o si, por el contrario, obedece a razones estructurales. Por el contrario, las pymes mantuvieron en 2015 su senda de crecimiento en cuanto a aplicación de deducciones, alcanzando los 19,6M€ (un 20% más que en 2014).
