El Instituto de Estudios Económicos (IEE) aboga por bajar el Impuesto de Sociedades, las cotizaciones sociales y los impuestos sobre el Patrimonio y los rendimientos de capital, mientras que ve necesario subir las tasas y precios públicos, tarificando la red de autovías, y algunos impuestos especiales, así como los tipos del IVA sobre algunos bienes y servicios.
Así se desprende del documento ‘¿Deben bajar o subir los impuestos en España?’, elaborado y presentado por el presidente del IEE, José Luis Feito, quien ha defendido que la bajada de Sociedades, Patrimonio e impuesto sobre el ahorro es «buena para los trabajadores», combinada con la subida de algunos precios y tasas públicas y la reclasificación del IVA de algunos bienes y servicios.
Feito ha señalado que España está «mucho más lejos» en recaudación impositiva indirecta que directa respecto a la media de la UE, ya que es el país vigésimocuarto en impuestos indirectos, el decimocuarto en directo, el decimosexto en cotizaciones y «prácticamente el último» en precios y tasas públicas, situándose el vigésimo primero en el total de ingresos impositivos.
Respecto al Impuesto de Sociedades, ha recalcado que es «malo y dañino» para los intereses de los trabajadores, ya que «las empresas no pagan impuestos, lo pagan las personas» y siempre buscan recuperar beneficios trasladándolo a los clientes en forma de mayores precios o a los proveedores con costes.
Por ello, frente a las «opiniones superficiales muy extendidas», apuesta por la bajada del gravamen en beneficio de los trabajadores porque aumenta la inversión y rebaja las presiones para contener los costes salariales.
El estudio del IEE refleja que en economías como la española, en torno al 60% de la carga de este tributo se traslada a los trabajadores a través de la contención de los salarios o del empleo, mientras que en el caso de las cotizaciones sociales esa correspondencia es del 100%.
«PEAJES BLANDOS» PARA RECAUDAR HASTA 6.600 MILLONES
De igual forma, Feito ha señalado que para que la disminución de las cotizaciones sociales y las de los impuestos sobre el ahorro sean compatibles con la reducción del déficit y del endeudamiento público es necesario acompañarlas de una subida de las tasas y precios públicos, tarificando la red de autovías, así como de subidas de los impuestos especiales.
También ve preciso utilizar la vía de la limitación de los beneficios fiscales, con un aumento del tipo efectivo del IVA, ya que acarrearía un «notable» aumento de la recaudación, y lo que se podría perder por las bajadas sería inferior a lo que se ganaría con las subidas.
Sobre las tasas y precios públicos ha apuntado que recaudan en España casi un punto y medio del PIB por debajo de la media de la UE, por lo que ha incidido en la necesidad de tarificar la red de autovías, de forma que se impongan en toda la red hoy exenta de tasas y de peajes un pago por el uso de la misma, con «peajes blandos» para cubrir únicamente los gastos de conservación y mantenimiento de la misma. Con esto se lograrían unos ingresos de entre 2.700 y 6.600 millones de euros, según se exigiera a vehículos ligeros o pesados y se graduara en función del tonelaje de los mismos.
En este punto, ha recordado que entre el 20% y el 40% del transporte por mercancía en carreteras españolas lo pagarían los extranjeros, por lo que se ganaría en competitividad, en un contexto en el que los transportistas españoles pagan por el uso de carreteras en la mayoría de países europeos.
El estudio refleja que la red de carreteras de alta capacidad en España, que suman algo más de 200.000 kilómetros, solo se paga por el uso de la infraestructura en menos del 20% de la misma (autopistas de peaje), cuando en Portugal y Grecia el porcentaje es del 100%, en Francia de alrededor del 75% o en Alemania, el 80%.
RECLASIFICACIÓN DEL IVA
En el caso de los impuestos medioambientales, especialmente sobre hidrocarburos, ha dicho que son «mucho más bajos» que la media europea, por lo que deberían subir, y en el IVA también son más bajos, no porque los tipos sean más bajos (20% en España y 20,5% en la UE), sino por las exenciones a través de tipos reducidos y superreducidos.
Esto hace que algo menos del 50% del consumo de los hogares esté gravado al 21%, mientras que dicho porcentaje es muy superior en la mayoría de los países de la UE, como Alemania (82%), Francia (71%) o Italia (58%).
Por ello, ve «deseable» e «inevitable» la reclasificación de partidas de consumo desde las que son gravadas con tipos superreducidos a reducidos y de algunas de otras partidas hacia el tipo general. Según Feito, los efectos redistributivos de los tipos reducidos y superreducidos son muy bajos.
Además, ha subrayado que las bases tributarias sobre las que actuarían las subidas de impuestos o precios públicos son mucho más «inelásticas» que las bases tributarias sobre las que actuarían las bajadas impositivas, y por el impacto expansivo que dicha combinación impositiva tendría sobre el crecimiento del PIB y del empleo.
Feito considera que «no tiene justificación teórica alguna» la comparación que se realiza desde posiciones de izquierda de comparar los ingresos impositivos de España en términos de PIB con los de la media de la UE o los países más ricos de la unión, ya que «olvida» que la renta per cápita en España es inferior a la del resto.
Según Feito, esto explica, en parte, la diferencia significativa entre los ingresos impositivos en España (33,3% del PIB) y los de la media de la UE (38,9% del PIB), por lo que vería un «sinsentido» intentar converger con los niveles impositivos de países más ricos antes que conseguir la convergencia con su renta per cápita.
