El director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, ha indicado que el organismo estudia una «batería de medidas» para mejorar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes y la relación cooperativa con los mismos, para lo que prevé mejorar la «predictibilidad» del sistema siendo más «proactivo» en la publicación de criterios y resoluciones interpretativas en el BOE por parte de la Dirección General de Tributos.
Durante su intervención en el Congreso Compliance y Buenas Prácticas Tributarias, organizado por la editorial jurídica Lefebvre, Gascón ha avanzado que hay una «batería de medidas» en estudio por parte de la Administración con los distintos agentes del sector en foros cooperativos para su debate con agentes sociales, empresas y profesionales tributarios.
Gascón ha explicado que las iniciativas son «nuevos mecanismos» a aplicar para mejorar la seguridad jurídica, así como para que la Administración sea más «proactiva» en la publicación de criterios y se mejore su relación con el contribuyente, y por ende el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.
En este sentido, ha explicado que la predictibilidad del sistema tributario es «innegociable» y ha subrayado que el «compromiso» de la AEAT es publicar los criterios que se vienen aplicando de forma «mucho más sistemática», con el fin de que el contribuyente los conozca con antelación, aunque no esté «necesariamente de acuerdo», para lo que podría identificar la contingencia fiscal y trasladarlo a la Administración.
Asimismo, ha abogado por que a través del «contacto directo» con los agentes del sector en el foro empresarial y el de profesionales tributarios, la AEAT sirva de «canal de comunicación» con la Dirección General de Tributos trasladándole las dudas cuando haya modificaciones legislativas en materia tributaria, algo que sucede con «alta frecuencia», para que posteriormente (Tributos) pueda publicar una resolución interpretativa en el BOE.
Otra de las medidas que se plantea la AEAT es la posibilidad de ampliar las actas con acuerdo más allá de la vía administrativa, extrapolándolo también a la vía económico-administrativa e incluso como una «tercera oportunidad» a la vía contencioso-administrativa.
Desde la AEAT, también se muestran dispuestos a analizar las expectativas de las grandes empresas cuando presentan un informe de transparencia voluntario, y también se estudia cómo desarrollar la figura del «sujeto pasivo certificado» en España ante la directiva europea que establecerá el IVA comunitario, para determinar el tipo de tributación en función de la certificación.
Para ello, Gascón cree que entre los requisitos que se podrían contemplar para conceder las certificaciones se encuentran que se cuente con un modelo de ‘compliance’ robusto, un informe de transparencia, la adhesión al Código de Buenas Prácticas o reportar información a través del Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA, entre otros.
«Existe mucho margen sin cambiar la norma para profundizar en el modelo de relación cooperativa en España», ha enfatizado Gascón, sin perjuicio de que sean «imprescindibles» las comprobaciones tributarias ante la existencia del fraude fiscal.
LOS RETOS
La AEAT, ha añadido, quiere avanzar en la transparencia y relacionarse de una forma «diferente» con el contribuyente para favorecer el cumplimiento voluntario, si bien ha citado como retos para conseguir este objetivo el cambio normativo, que precisa de «consenso social y político» y estar «maduros para que no se malinterpreten».
También se ha referido a las rutinas y las formas de trabajar vinculadas «muchas veces» a objetivos predeterminados, lo que conduce a que sea «más fácil» la actuación por la vía de la controversia, que en un modelo de relación de continuo en el que «no hay indicadores claros que pongan de manifiesto si va bien o mal».
Como reto, ha hecho hincapié en que el modelo cooperativo logrado en gran medida con las grandes empresas se abra al resto de «millones de pequeñas y medianas empresas» que «merecen un trato en el mismo sentido» de la relación de «proximidad» con las grandes compañías.
INFORME DE TRANSPARENCIA
El director general de la AEAT ha indicado que se va a intentar «consagrar» este modelo de relación dentro de una planificación estratégica, y ha subrayado que el ‘compliance’ es una fórmula que sirve para aterrizar en los códigos de buenas prácticas. «Si hay que cambiar la norma, la cambiaremos», ha añadido.
Según Gascón, el futuro pasa por el informe de transparencia, ya que supone un relato sobre el modelo de negocio y la posibilidad de trasladar las posiciones tributarias «inciertas» para poder responder de manera inmediata y mejorar la certeza jurídica, ya que postergarlo sería un «despilfarro» de recursos.
En la actualidad el Foro de grandes empresas está formado por 27 grandes empresas y la AEAT, y cuenta con un código de buenas prácticas tributarias, cuyo convenio ha sido suscrito ya por 142 empresas y grupos económicos.
LAS GRANDES EMPRESAS PIDEN SIMPLIFICACIÓN NORMATIVA
Por su parte, el director del Departamento Fiscal Corporativo en BBVA, José María Vallejo, ha recordado que el código de buenas prácticas se establece sobre una relación ya regulada jurídicamente, lo que conlleva a veces a que algunos conceptos puedan parecer «contradictorios».
Vallejo ha abogado por que la relación entre Administración Tributaria y empresa se traduzca en «algún tipo de compromiso» y ha opinado que un cambio cultural «asimétrico» respecto a la relación tributaria obligaría a que la parte más fuerte (Administración Tributaria) haga un movimiento «más generoso y de más confianza, de forma que «impulse y mejore el entorno».
También se ha referido a la mayor dificultad de saber cómo se aplican los impuestos. «Cada vez estamos más llenos de normas difíciles de interpretar, que cambian con mayor rapidez y son difíciles de encajar, si no encontramos cauces para facilitar cambios en el sistema tributario, con estas nuevas coordenadas el sistema va a ser inaplicable», ha advertido.
Por su parte, el director corporativo en Repsol, Luis López-Tello, considera que el Código de buenas prácticas «progresa adecuadamente», pero cree que hay que ser «más activos» y «un poco más ambiciosos», ya que «se ha avanzado poco en el marco de la relación cooperativa».
López-Tello ha incidido en la relevancia de la transparencia por parte de las empresas y ha defendido la necesidad «urgente» de adelantar las resoluciones y normalizar la resolución de conflictos y de que haya un «feedback anticipado» por parte de la Administración, con el fin de conseguir una relación «fluida y no conflictiva». A su juicio, hace falta un «cambio cultural», algo que Gascón ha indicado con ironía que está «garantizado» porque «en 12 años estarán jubilados la mitad de la plantilla, cuya edad media son 54 años».
La catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Valencia, Ana María Juan Lozano, cree que hay «margen más que suficiente» para establecer nuevas pautas de cumplimiento y normas que conduzcan a un resultado más satisfactorio, lo que requiere «implicar al resto de poderes del Estado» para mejorar las prácticas a la hora de elaborar normas y en los órganos de revisión.
