El Gobierno reconoce que sus previsiones de recaudación para el nuevo impuesto a los servicios digitales (1.200 millones de euros) dobla las realizadas por la Comisión Europea, de unos 600 millones, pero justifica esta elevación en una mayor exigencia del impuesto propuesto por el Ejecutivo, en el auge del sector y en el mayor peso del mismo en España.
Así lo manifiesta el Gobierno en el análisis de impacto económico y presupuestario del proyecto de ley por el que se regula este impuesto, aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 18 de diciembre, y al que ha tenido acceso Europa Press.
En él, efectivamente señala que la propia Comisión Europea estimaba que el establecimiento en España de un nuevo impuesto sobre los servicios digitales, teniendo en cuenta el peso del país en el PIB europeo, un 7,5%, podía aportar 600 millones de euros de recaudación.
Sin embargo, el Gobierno apunta a que el peso de España en indicadores como la participación en redes sociales, búsqueda de información para la compra de bienes y servicios y la búsqueda de información para viajes y alojamientos representa un 9,1% del total de la Unión Europea (UE), según Eurostat. Esto elevaría hasta 728 millones la recaudación.
UN UMBRAL DE INGRESOS INFERIOR AL DE LA DIRECTIVA
Además, argumenta el Ejecutivo, el impuesto proyectado amplía «significativamente» el número de obligados de tributación al establecer un umbral más exigente, ya que se fija en compañías de servicios digitales con ingresos de 3 millones de euros, y no de 5 millones como proponía la directiva europea. Esta mayor exigencia, incide, elevaría la estimación hasta 968 millones de euros.
Por último, el Gobierno completa la elevación de sus cálculos hasta los 1.200 millones por «el fuerte crecimiento de los ingresos por la publicidad ‘online’, los servicios de intermediación prestados por plataformas y el tráfico de datos en Internet», lo que le lleva a prever «una tasa de actualización anual de las cifras muy alta, varias veces superior a la evolución del PIB nominal».
Esta previsión, argumenta, se basa en los datos sobre la evolución de los ingresos que, durante los últimos años, han obtenido las principales empresas que ofrecen dichos servicios, cifrando su expansión en una tasa anual media del 25% en los últimos tres años.
Este último factor permite al Gobierno estimar el impacto recaudatorio total entre 1.065 millones y 1.258 millones de euros, decantándose finalmente por una cifra próxima a la superior de esta horquilla, de 1.200 millones.
RAJOY PREVIÓ INGRESAR 1.500 MILLONES EN 2019
En todo caso, el Gobierno defiende que esta previsión «es consistente» con la realizada por el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy en su propio plan presupuestario remitido a Bruselas para el período 2018-2021.
En este documento, apostilla, se previó recaudar 600 millones en 2018 y 1.500 millones en 2019. «Es decir, 1.050 millones de media anual, aún sin las medidas ahora previstas para la ampliación del número de obligados», explica.
Por último, en su memoria de impacto presupuestario el Gobierno informa de que la propia Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha realizado estimaciones parciales a partir de la información contenida en la base de datos ORBIS a distintos perfiles de empresas.
En el caso de las compañías del sector de telefonía, apunta el Ejecutivo, estas comprobaciones permitieron una estimación de recaudación del entorno de los 100 millones de euros «simplemente considerando que un 10% de sus operaciones pueda quedar sujeto» a tributación.
Reconociendo que es difícil extender esta metodología a otros sectores, el Ejecutivo apunta a que el impacto del impuesto para grandes multinacionales cuya actividad básicamente se produce en el ámbito de los servicios digitales puede ser «muy superior», lo que le lleva a concluir que, «aunque no sea posible confirmar la estimación anterior (1.200 millones), la recaudación que realmente se puede lograr con el nuevo impuesto no debería diferir en exceso de aquella».
