Cristóbal Montoro ha anunciado en el Congreso que su departamento revisará todos los contratos públicos para garantizar que tanto la administración como las empresas contratantes cumplen «escrupulosamente» la Ley de Morosidad.
Montoro sostiene que se ha producido una evolución positiva de reducción en los períodos medios de pago y que la deuda comercial que ahora está «cerca de los 6.000 millones» estaba en 2012 en 35.000 millones de euros, pero reconoce que aún «falta todavía mucho por avanzar».
En este sentido, ha señalado que existen «medidas pendientes» como las pactadas para la investidura de Mariano Rajoy con Ciudadanos, como la aplicación de la Ley de Morosidad en la contratación pública, una normativa que, ha recordado el ministro «la aprobó la oposición» cuando gobernaba el anterior ejecutivo socialista. «Esto es lo que ocurre en los gobiernos en minoría», ha dicho.
Así, Montoro ha anunciado su voluntad de seguir aplicando medidas para la reducción de la morosidad «muy ambiciosas», para las cuales ha reclamado el apoyo no solamente de Ciudadanos, sino del resto de grupos de la Cámara.
EL BALANCE «PREOCUPANTE» DE LA MOROSIDAD
El ministro hacía estas valoraciones ante la pregunta del portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, quien aunque concedía «avances» en esta materia, advertía que la morosidad «sigue siendo un problema importante», pues «ha conducido a la amargura, a la precariedad y al cierre de muchas empresas y personas autónomas».
El «balance preocupante» a pesar de la mejora, ha dicho Girauta, es que la media en 2017 del período de pago en el sector privado se situaba en 77 cuando el plazo legal es de 60 días, y en el sector público de 71 días cuando el plazo es de 30.
Asimismo, el portavoz de la formación naranja ha pedido que durante la tramitación de la Ley de Contratos Públicos que se desarrolla actualmente en el Congreso, el PP acepte enmiendas registradas por Ciudadanos, que permitirían la mejora de esta situación.
Girauta ha mencionado, además de la anunciada comprobación del cumplimiento de los plazos, la prohibición de posibles pactos privados entre los contratistas y sus proveedores para ampliar el plazo de pago –«la pyme queda en una absoluta inferioridad, va vendida», ha abundado Girauta– o que la empresa subcontratista o el proveedor de la empresa adjudicataria pueda cobrar directamente de la administración, acelerando los tiempos de pago, con el consiguiente descuento del precio en el contrato público.
