El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha anunciado que el Gobierno trabaja para dar un «tratamiento financiero adecuado» al Tercer Sector en los Presupuestos de 2018 y aprobará próximamente un decreto de desarrollo reglamentario de la nueva Ley de Contratación del Sector Público, que vigilará que ayuntamientos y comunidades autónomas cumplan y se contrate con criterio social.
Así lo ha señalado Montoro durante su participación en la jornada ‘Los compromisos sociales de la nueva Ley de Contratos del Sector Público’, organizada por la Fundación ONCE, en la que ha avanzado que el Gobierno está trabajando de cara a los Presupuestos de 2018 para que las instituciones del Tercer Sector tengan un tratamiento financiero adecuado, sin menoscabo de que las CCAA tengan competencia en prestaciones sociales.
No obstante, Montoro ha opinado que la prestación social no debe ser competencia «exclusiva» de las CCAA, ya que todas las administraciones componen el Estado y por tanto «sería absurdo entender el Estado parceladamente». «Nos equivocamos si somos demasiado rígidos con esa interpretación, debemos actuar con flexibilidad con nuestra propia normativa», ha añadido.
Montoro ha destacado que el Tercer Sector debe «sentirse bien» y ha mostrado su compromiso en materia social para «cerrar las heridas de una sociedad que ha avanzado tanto en términos de derecho y libertades» y que ahora debe avanzar en términos de compromiso en el ámbito social, cultural y medioambiental.
VIGILARÁ LOS CONTRATOS PÚBLICOS
Asimismo, ha indicado que los ministerios de Empleo y Seguridad Social; Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad y de Hacienda y Función Pública esperan tener listo «en las próximas semanas» el real decreto que aprobará el desarrollo de la nueva Ley de Contratación del Sector Público, sobre la que ha destacado el consenso alcanzado en relación a la misma como resultado de la «conciencia política», que sirve para adecuar a la realidad económica y social de España la realidad de contrataciones públicas y llega en un momento en el que la situación de la economía es «mucho mejor para poder aplicarla».
En esta línea, ha recordado que la contratación pública del conjunto de administraciones equivale al 20% del PIB, y ha subrayado que la nueva norma incluye cláusulas de transparencia y compromiso social, igualdad de oportunidades en términos de exigencia y para que los contratistas de las administraciones cumplan «estrictamente» en la incorporación de personas con discapacidad en las plantillas.
De hecho, ha advertido de que el Gobierno va a estar «muy activo» en términos de vigilancia para que se cumpla con la «deuda social» referida a las desigualdades en términos de integración en el mercado de trabajo de las personas discapacitadas, especialmente las mujeres.
Por otro lado, el titular de Hacienda ha recordado que el Gobierno socialista aprobó la reforma del artículo 135 de la Constitución sobre estabilidad presupuestaria, apoyada por el PP, y ha remarcado que «si no hay estabilidad presupuestaria, no hay sostenibilidad de los servicios públicos».
En este sentido, ha resaltado que la «gran mayoría» de los 8.125 ayuntamientos presentan superávit y las CCAA alcanzará en dos años el equilibrio presupuestario, por lo que cree que estas administraciones tienen «margen» para derivar la adjudicación de contratos públicos a contratos sociales. «No tienen excusa ni pretexto para tratar de ahorrar en términos de coste lo que debe ser un efecto social e integrador mucho más potente de lo que han podido materializar hasta ahora», ha enfatizado.
