El Gobierno ha rechazado anular los últimos requisitos aprobados para las empresas de vehículo de alquiler con conductor (VTC), las firmas como Uber y Cabify, tal como le había requerido la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Así figura en la respuesta al requerimiento planteado por ‘superregulador’ acordada en la reunión del Consejo de Ministros de este viernes.
De esta forma, el Ministerio de Fomento se arriesga a un segundo contencioso judicial en el Tribunal Supremo con el órgano que preside José María Marín Quemada en relación con la regulación de los VTC.
En el requerimiento que la CNMC realizó al Gobierno hace unas semanas ya advertía de que, en caso de que no se atendiera, presentaría un recurso contencioso-administrativo ante el Alto Tribunal en contra de las medidas, aprobadas por Real Decreto por el Gobierno a finales de diciembre de 2017.
La comisión pidió al Departamento que dirige Íñigo de la Serna derogar las medidas por considerar que no están justificadas, obstaculizan la competencia y perjudican a los usuarios.
De su lado, el Gobierno en la respuesta acordada por el Consejo de Ministros de este viernes, resuelve mantener las medidas al estimar que «no supone un obstáculo a la competencia».
«Las medidas tratan de frenar un movimiento especulativo con las autorizaciones de transporte, recientemente desarrollado, que pone en peligro el desarrollo armónico de las distintas modalidades de transporte público de viajeros en vehículos de turismo», argumenta el Ejecutivo.
Asimismo, el Gobierno estima que los requisitos «mejoran la eficacia del control del cumplimiento de las obligaciones legales de los VTC, simplificando el procedimiento a través de la utilización de medios informáticos», según indica en las referencias del consejo.
SEGUNDO CONTENCIOSO ANTE EL SUPREMO
Las medidas objeto de discordia entre Fomento y la CNMC son las que prohíben a las empresas como Uber y Cabify vender las licencias de operador en los dos años siguientes a su consecución y les obliga a dejar constancia en un registro público de todos los servicios de transportes que realicen.
Se trata de iniciativas que ya han sido recurridas al Supremo por parte de Uber, compañía que además esta semana volvía a operar en Barcelona precisamente con un servicio de VTC.
El eventual recurso que la CNMC también presentará contra estos requisitos tras el rechazo del Gobierno a derogarlos se suma al que el ‘superregulador’ ya impuso en 2015 contra la última regulación del sector de los VTC, la que impuso el ratio por el que sólo se puede conceder una licencia de este tipo de transporte por cada treinta de taxi.
El nuevo recurso se interpondrá mientas el primero aún está pendiente de resolución, si bien ya se ha fijado una vista para el próximo 17 de abril.
