El Gobierno prevé subir entre el 10% y el 12% la base máxima de cotización de los salarios en el año 2019, con lo que prevé recaudar entre 1.000 y 1.100 millones adicionales para la financiación de las pensiones, lo que le permitiría cumplir sus previsiones de ingresos recogidas en el plan presupuestario y cumplir con su estimación de déficit del 1,8% el próximo año, según la AIReF.
Así lo ha desvelado el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos de la Cámara Baja para dar su valoración sobre el Plan Presupuestario 2019 del Gobierno, en el que ha detallado que el Ejecutivo les ha trasladado su intención de elevar entre un 10% y un 12% la base máxima de cotización.
En la actualidad la base máxima de cotización para un asalariados está situada en 3.803,70 euros, y la mínima en 858,6 euros, por lo que una subida del 10% situaría la base máxima en 380,3 euros, hasta el entorno de 4.184 euros, mientras que si se eleva un 12%, supondría 456,4 euros más, hasta los 4.260 millones de euros.
Según la ley de la Seguridad Social, la base mínima de cotización de los asalariados en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y las diferentes bases mínimas deben elevarse en función de su subida anual, con la excepción de que se acuerde legalmente lo contrario. Con el aumento de la base máxima de cotización entre un 10% y un 12% y la subida de la base mínima derivada del alza del 22% en el SMI, previsiblemente la de los autónomos quedará por debajo, lo que podría acarrear una subida para este colectivo que desde las organizaciones representativas ya han rechazado.
Precisamente este jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha aseverado que se respetará el acuerdo con Podemos que pasa por adecuar el nivel de cotización de los autónomos al volumen de ingresos reales y que la subida del Salario Mínimo no afecte a su base mínima, si bien no ha descartado que se vaya a incrementar la cuota.
El Ministerio de Trabajo comunicó a las organizaciones de autónomos su intención de endurecer la tarifa plana que pagan los autónomos a la Seguridad Social cuando comienzan su actividad para garantizar que éstos no abandonan el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) una vez dejan de beneficiarse de esta cuota reducida. Así, planteó tres posibles escenarios que comportarían incrementos en las cuotas de entre 30 y 50 euros al mes, junto al retraso de la reforma del sistema de cotización a 2020.
AUMENTARÁ LA COTIZACIÓN HASTA UN 6,7% Y PERMITIRÁ CUADRAR INGRESOS
De esta forma, el organismo ve posible que con el alza de la base máxima las cotizaciones pasen de crecer un 5,5% este año a un 6,7% el próximo ejercicio.
Con esta medida, el Ejecutivo prevé recaudar entre 1.000 y 1.100 millones de euros adicionales, según ha explicado Escrivá, lo que según cálculos del organismo permitiría elevar los ingresos para 2019 a una franja de entre 6.078 y 7.698 millones de euros.
Sin esta medida, no recogida en el plan presupuestario remitido por el Gobierno a Bruselas, la AIReF ve sobreestimados los ingresos previstos por el Ejecutivo al estimar una recaudación de entre 5.078 y 6.598 millones de euros, frente a los 7.178 millones de euros que prevé el Gobierno.
Por el lado de los gastos, cree que las partidas recogidas en el plan presupuestario serán 300 millones más de lo previsto por el Gobierno (2.525 millones), por lo que se situarán en 2.886 millones, principalmente porque el organismo cree que habrá un impacto de 300 millones por la supresión del copago, mientras que el Ejecutivo no calcula efecto económico alguno.
Además, ha calculado que la subida del 22% del SMI prevista por el plan presupuestario, hasta 900 euros al mes, tendrá un impacto negativo de 40.000 puestos de trabajo en la creación de empleo y conllevará un impacto de una décima en el consumo y en el PIB, si bien supondrá un aumento adicional de la renta disponible de 1.750 millones de euros .
Así, tras analizar el plan presupuestario presentado por el Gobierno, la AIReF ve «factible» cumplir el objetivo de déficit del 1,8% previsto por el Gobierno, con un 45% de probabilidad, que se eleva al 48% si se añaden medidas adicionales acreditadas posteriormente a la presentación del plan, aunque advierte de que se cumpliría «sin muchos márgenes en el proceso de ejecución presupuestaria».
