El Consejo de Ministros ha presentado las principales directrices generales de la nueva política industrial española, que tienen entre sus objetivos incrementar el peso del sector en la economía y en el empleo, así como su digitalización, anticipando y participando en el cambio hacia la transición ecológica.
El plan, definido por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, gira en torno a diez principales ejes de acción: la digitalización la innovación, el capital humano, la regulación, el tamaño y crecimiento, la financiación, los costes energéticos, la logística e infraestructuras, la sostenibilidad y la internacionalización.
La presentación de estas nuevas directrices está motivada por la diferencia que presenta la industria en España frente a otros países europeos. Actualmente, el peso del sector en el PIB es del 16,3%, lejos del objetivo del 20% establecido para el año 2020 y todavía sin recuperar los niveles de 2006.
En el resto del continente destacan Irlanda, donde la industria representa el 33,8% de la economía; Eslovaquia y Rumanía, con el 24% ambos países; o Alemania, con el 23,6%. Alineados con España se encuentran Italia, con el 17,4%; Portugal, con el 16%; o Dinamarca, con el 15,5%. Por debajo están Grecia, con el 13%; o Francia, con tan solo un 12,5%.
GRANDES DIFERENCIAS ENTRE REGIONES
En su diagnóstico, el Gobierno culpa de la «debilidad estructural» de la industria en el país a la «distribución asimétrica» de la actividad industrial en las distintas comunidades autónomas.
De hecho, País Vasco, Navarra y La Rioja son las únicas comunidades donde el peso de la industria supone más del 26,4% de su PIB, mientras que hay otras, concretamente Madrid, Baleares y Canarias, donde la industria desciende hasta representar tan solo entre el 5,2% y el 9,6% de su economía local.
Entre los principales ejes de actuación destacan la potenciación de las infraestructuras ferroviarias, puertos, aeropuertos, de la logística y de las áreas industriales; la difusión de la cultura de la sostenibilidad; el incremento de empresas exportadoras y de la inversión extranjera; el impulso de instrumentos financieros alternativos; el refuerzo de las interconexiones eléctricas y gasistas; el fomento de la colaboración público-privada; o ajustar las necesidades formativas de los futuros trabajadores.
Para dar respuesta a estas iniciativas, el Ministerio de Industria se asienta en tres grandes proyectos: el pacto de Estado por la Industria, la elaboración de una estrategia de Política Industrial y la aprobación de una nueva Ley de Industria que actualice el actual marco regulatorio que data de 1992.
