El Gobierno trabaja en dos nuevos proyectos normativos que afectan al sistema de planes y fondos de pensiones para mejorar sus condiciones, con medidas dirigidas a la gobernanza de los fondos, su régimen de información, su supervisión y la mejora de la adquisición y mantenimiento de estos planes para trabajadores que decidan cambiar de país dentro de la Unión Europea.
Todo ello una vez aprobado el pasado mes de febrero un cambio en el Reglamento de Planes y Fondos con el fin de reducir las comisiones en estos planes y la posibilidad de retirar estas aportaciones a partir de 2025 que tengan al menos diez años de antigüedad.
Así consta en la respuesta dada por el Gobierno, y recogida por Europa Press, al portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, que había registrado en el Congreso una pregunta en la que demandaba al Ejecutivo una propuesta para «estimular los planes de pensiones en el seno de la negociación colectiva entre empresarios y trabajadores».
En su respuesta, fechada el pasado 23 de febrero, el Gobierno asevera que trabaja en tres proyectos normativos que afectan al sistema de planes y fondos de pensiones, aunque uno de ellos es la citada modificación del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, con las medidas aprobadas.
TRASPONER REGULACIÓN COMUNITARIA
Los otros dos corresponden a una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo y a una trasposición de otra directiva. La primera de ellas afectará a los requisitos mínimos para reforzar la movilidad de los trabajadores entre Estados miembros, mejorando la adquisición y mantenimiento de estos planes privados.
La segunda trasposición, en fase inicial de elaboración, corresponde a la norma europea sobre supervisión de los fondos de pensiones de empresa, y en ella está previsto incluir regulación sobre la actividad transfronteriza de estos planes y su sistema de gobernanza, según reconoce el propio Gobierno.
Además, según señala en su respuesta, también afectará a la externalización de funciones, la figura del depositario y sus funciones de custodia y vigilancia, el régimen de información a potenciales partícipes, a los partícipes y beneficiarios y la supervisión prudencial.
El plazo que hay para trasponer esta directiva, señala el Ejecutivo, finaliza el 13 de enero de 2019. Respecto a la supervisión de estos fondos, ya es conocida la intención del Gobierno de crear una autoridad administrativa independiente (AAI) sobre Seguros y Planes de Pensiones, prevista con la ya anunciada separación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
LOS PLANES PRIVADOS Y EL PACTO DE TOLEDO
Por otro lado, el Gobierno menciona los trabajos desarrollados por la comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, y señalando que en su informe para analizar los problemas del sistema de Seguridad Social e indicar las principales reformas para hacerlo sostenible, también debe recoger recomendaciones sobre los sistemas privados.
En este sentido, reconoce que aún está pendiente que la Seguridad Social remita a la comisión sus «principales recomendaciones o consideraciones» sobre estos sistemas complementarios de pensión.
