El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto por el que se modifica el régimen de funcionamiento de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, para dar respuesta a los requerimientos impuestos por la Unión Europea.
Este real decreto culmina un proceso normativo que se inició con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que impuso la publicidad obligatoria de todas las subvenciones y demás ayudas públicas. Desde el comienzo, esta publicidad se atribuyó a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, que suministra desde 2016 información de todas las subvenciones y ayudas públicas otorgadas no sólo por el Estado, sino también por el resto de las Administraciones Públicas.
De este modo, se centraliza toda la información sobre convocatorias y concesiones de subvenciones facilitando su conocimiento a los interesados mediante su consulta en un único portal.
El proceso de incorporación de las Administraciones ha sido progresivo, pero al finalizar 2018 ya forman parte de la BDNS todas las comunidades autónomas (salvo País Vasco, con la que está pendiente un acuerdo para el suministro de la información); todas las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares (salvo Menorca); y 1.276 ayuntamientos, que representan el 73% de la población nacional.
El Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas proporciona actualmente información pública sobre 170.000 convocatorias (52.297 aprobadas en 2018) y 8,8 millones de concesiones. Solo durante 2018 se realizaron 931.666 visitas al portal, lo que muestra la creciente confianza en sus contenidos. La Base de Datos Nacional de Subvenciones aparece regulada en el Reglamento General de Subvenciones.
Asimismo, es necesario recoger en el real decreto los requerimientos de publicidad impuestos por la normativa europea en materia de ayudas de Estado y ‘de minimis’. El texto del real decreto concreta el alcance de la información a suministrar, delimitando qué se debe entender como «ayuda» a los efectos de la Ley de Transparencia; o determinando qué administraciones o instituciones deben suministrar la información.
Concretamente, modifica el régimen de la BDNS y, además, permite un acceso en un único punto a todas las convocatorias cuyo plazo de solicitud esté abierto, permitiendo su consulta a todos los ciudadanos, pero siempre con pleno respeto a la normativa sobre protección de datos.
FINALIDAD DE LA BASE DE DATOS
Además de servir de soporte a la publicidad de subvenciones, la base de datos sirve también para otros fines; especialmente es un instrumento fundamental para la mejora de la gestión y para la lucha contra el fraude. Así, dentro de las posibilidades de cesión que permite la normativa, la información se pone a disposición de las administraciones públicas en muy diversos ámbitos.
Por ejemplo, se puede personalizar el portal de subvenciones que está proporcionando la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) a las comunidades autónomas y a las entidades locales, para facilitar sus obligaciones de transparencia.
También la norma permite la cesión de información a la Agencia Tributaria, que se materializa, por ejemplo, en la inclusión en el borrador de la declaración del IRPF de las subvenciones comunicadas por la base de datos; o la cesión de información a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), para el trabajo de revisión del gasto en subvenciones del conjunto de las Administraciones Públicas.
La base de datos también se encarga de recopilar todas las sentencias y las sanciones administrativas en las que se impone la prohibición de acceso a nuevas subvenciones para evitar que se concedan ayudas a personas o entidades que han sido sancionadas. Actualmene hay registradas más de 1.000 inhabilitaciones.
