La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha defendido el borrador presentado a consulta pública por parte del Gobierno, que modifica el Estatuto para la Industria Electrointensiva, al calificarlo de «absolutamente razonable».
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Calviño ha señalado que la propuesta del Ejecutivo para compensar los gastos de las industrias electrointensivas «va al máximo de lo que está permitido por el régimen europeo».
En este sentido, Calviño cree que la cuestión de los precios de la luz, y en particular en lo referente a las industrias más consumidoras de energía, debería resolverse a nivel europeo, ya que afecta a factores de competencia dentro del mercado interior.
Sin embargo, mientras el problema no se resuelva de forma uniforme en toda la Unión Europea, el Gobierno dice haber «explorado» en España una serie de reglas en esta materia, apoyándose en las ayudas públicas que permite la Comisión Europea.
Pese a todo, para la ministra, el precio de la energía «no es el único factor determinante para la permanencia de la continuidad de las industrias» y ha defendido que su Gobierno ha estado implicado «al 100%», intentando encontrar soluciones para las compañías que han decidido mermar su plantilla, parar la producción o incluso abandonar sus operaciones en el país.
CRÍTICAS DESDE LA INDUSTRIA
A lo largo de la semana, tanto empresas afectadas como Alcoa, sindicatos de Industria y patronales del sector se han mostrado «insatisfechos» con las medidas incluidas en el borrador propuesto por el Ejecutivo.
En concreto, Alcoa, que está inmersa en un expediente de regulación de empleo que afecta a sus plantes de Asturias y La Coruña, dijo que si estas medidas se limitan a las incluidas en el borrador, también estaría en riesgo su planta de aluminio primario de San Ciprián, en Lugo, la única que está exenta del ERE.
Por su parte, CC.OO. de Industria considera que el texto «no aporta soluciones», además de «plantear indefiniciones e incertidumbres muy preocupantes para el sector». La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) matizó que no soluciona «el grave problema que sufren las empresas que precisan un precio eléctrico competitivo para seguir produciendo y aportando a la economía española».
También recibió críticas desde el ámbito político. Unidos Podemos lo techó de «tomadura de pelo», pues cree que es «absolutamente insuficiente» para empresas con problemas como Alcoa: «Es una tomadura de pelo. Menos tocarle a las eléctricas, todo», aseveró la portavoz sectorial del grupo confederal en el Congreso, Yolanda Díaz.
EXENCIÓN DEL 100% DE LOS PAGOS POR CAPACIDAD
El texto propuesto por el Gobierno, publicado en la página web del Ministerio de Industria, contempla las obligaciones y compromisos para las compañías en términos de eficiencia energética, I+D+i, sustitución de fuentes contaminantes y empleo, que los consumidores electrointensivos habrán de asumir para optar a los mecanismos destinados a la reducción de los costes energéticos.
Entre dichos mecanismos se encuentran la exención de los pagos por capacidad, de hasta el 100%, para los consumidores que además tengan la condición de interrumpibles, y del 70% para el resto, así como la compensación de costes indirectos por emisiones de gases de efecto invernadero.
También se recogen medidas como la implementación de nuevos coeficientes de pérdidas estándar de energía imputables que resulten del estudio que en seis meses realice el operador del sistema eléctrico (REE), así como el fomento de la contratación bilateral a largo plazo, en especial con generadores renovables no incluidos en el régimen retributivo específico, o la exención del pago del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad a los consumidores que sean proveedores efectivos de este servicio.
